Las nuevas funciones de los auxiliares fiscales, en debate

La decisión de la Legislatura de modificar leyes vinculadas a la administración de Justicia para otorgar mayores facultades a los auxiliares fiscales y ampliar la competencia de jueces de toda la provincia dividió las aguas en el ámbito judicial. Es que no todas las partes involucradas están de acuerdo con los cambios, que se votaron en forma unánime en general pero con disidencias en particular y que derivó en cambios en las normas 9.119 (Colegio de Jueces y Oficina de Gestión de Audiencias) y 6.238 (Orgánica del Poder Judicial).

Lo que sí queda en claro, según las fuentes consultadas por LA GACETA, es que las modificaciones obedecen a un pedido expreso, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del propio Ministerio Público Fiscal.

A pesar de esto, los titulares de los Colegios de Abogados de Tucumán rechazaron sobre todo lo de los auxiliares al decir que se está salteando un proceso importante como lo es el del CAM.

Los cambios

¿Cuáles son las modificaciones puntualmente? A raíz de lo decidido por la Legislatura, a partir de ahora los auxiliares fiscales podrán realizar todos los actos que autoriza a los fiscales el Código Procesal Penal de Tucumán vigente (CPP). Y además, los jueces de los tres Centros Judiciales (Capital, Monteros y Concepción), podrán actuar en cualquier jurisdicción, más allá del lugar en el que se encuentren sus despachos. Esto se ampliaría al Centro Judicial del Este una vez que tenga pleno funcionamiento.

Mario Leito y Walter Berarducci tienen una doble función. Por un lado son legisladores, pero al mismo tiempo son miembros del Consejo Asesor de la Magistratura, que tiene la función de elegir a jueces, fiscales y defensores. Y ambos coinciden en que la modificación realizada por la Legislatura no interfiere con el trabajo del CAM.

“Esto fue un pedido de la Corte y dimos respuestas. Lo que queremos que quede en claro es que no estamos reemplazando fiscales, ni mucho menos. Los fiscales se van a seguir eligiendo por el CAM. El Código de Procedimientos es claro al afirmar que dice que las prerrogativas las tiene el fiscal. Y la figura del ayudante fiscal es justamente eso, para colaborar con quien dirige las investigaciones. Eso debe quedar en claro”, aseguró. “En ambos casos lo que se atiende es que hay una saturación de trabajo. En el caso de los fiscales, que tienen miles de causas anuales, y en el caso de los jueces, que no es la misma cantidad de causas que se manejan en la Capital que en los otros centros judiciales, por lo que creímos oportuno brindar herramientas para, al final, dar respuestas a la sociedad que quiere una justicia rápida”, dijo. Berarducci fue coincidente. “El MPF nos hizo saber que están sobrepasados, y eso afecta la celeridad del servicio de justicia, con más de 4.000 audiencias al año, mañana y tarde. No dan abasto”, refirió. “Con el nuevo Código se ganó en celeridad, pero no había estructura como para sostenerlo, y así dimos estas herramientas. ¿Es lo ideal?. No, pero es lo necesario. Con esto se pretende salir del cuello de botella”, dijo. “Se llegó a decir que metimos fiscales por la claraboya, y eso claramente no es así. No creamos fiscalías, y siempre la investigación va a estar en manos del fiscal. No hay sobreposición de funciones. Los ayudantes son eso, ayudan con todo lo que el fiscal les requiera”, agregó. Y Berarducci aseguró que el mejor sistema de selección sigue siendo el CAM, pero “eso no redunda en inmediatez, ya que son procesos largos por el tipo de función que se deberá asumir. Hay serias demandas en el fuero penal, y nosotros dimos herramientas para ayudar a dar respuestas”.

Cuando el legislador hace referencia a las críticas se refiere sobre todo a las que vertieron sus pares Silvia Elías de Pérez, quien aseguró que “hay que terminar con funcionarios que cumplen funciones para los que no han sido seleccionados”, y Manuel Courel, quien sostuvo que si un auxiliar fiscal eleva una causa a juicio o dicta una medida cautelar, y eso después será materia de nulidad o de inconstitucionalidad, se estaría abriendo un hueco en la puerta giratoria de la Justicia.

Los que no están de acuerdo, sobre todo con el tema de las prerrogativas a los ayudantes fiscales, son los titulares de los Colegios de Abogados, tanto de Capital como del Sur. Rodolfo Gilli, presidente del Colegio de Abogados de la Capital se mostró a favor de que se amplíe la competencia territorial en el caso de los jueces. “Eso no lo veo tan complicado, siempre que sean del mismo fuero. Se entiende que si, sobre todo en Capital, están sobrepasados, jueces de Monteros o de Concepción pueden intervenir. Los jueces son jueces en todo el territorio”, advirtió. Pero se mostró contrario a la ampliación de facultades de los ayudantes fiscales, “No estoy de acuerdo. Un ayudante fiscal es una persona que llegó a ese cargo sin haber concursado. No pueden tener las mismas prerrogativas”, afirmó. “Los legisladores deberían haber corregido un error de base y determinar que los ayudantes fiscales también deban ser elegidos por el CAM. Hoy no sabemos cómo llega, por qué se los elige”, advirtió. Diego Vals, titular del Colegio de Abogados del Sur, tuvo una mirada similar. “Si bien los auxiliares fiscales son colegas muy calificados para ejercer sus funciones, entendemos que no pueden realizar todos los actos autorizados a los fiscales por el Código Procesal Penal de la provincia”, dijo. Esto, agregó, “ya que son funcionarios constitucionales que han sido designados por el mecanismo previsto por la Constitución Provincial, es decir mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, entrevistas y opinión de la ciudadanía, que son organizados por el Consejo Asesor de la Magistratura”.

LA GACETA habló con fiscales para conocer su opinión; quienes, luego de pedir que no se revelaran sus nombres ya que se trataba de una cuestión del Poder Legislativo, dijeron que efectivamente había sido un pedido del Ministerio Público. “Se trató de poner un marco legal a algo que en los hechos ya se venía haciendo. Con nuestras dirección ellos están presentes en las audiencias y resuelven pedidos, pero siempre bajo nuestra supervisión. Es imposible llevar adelante el trabajo que hoy hacemos sin su colaboración”, dijo uno de ellos. Incluso en el mismo Ministerio Público rechazan las críticas. “Si vieran el caudal de causas que se manejan y el trabajo que hacen los auxiliares advertirían que lo único que se pedía era un marco legal que los contenga en las labores que les solicita el mismo fiscal”, aseguró una fuente.

Las modificaciones votadas por la Legislatura deben ser ahora promulgadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y luego publicadas en el Boletín Oficial.