22 Mayo 2024
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Los esfuerzos globales para prevenir los crímenes ambientales y para llevar a los culpables ante la justicia se ven obstaculizados por la disparidad en las leyes de protección ambiental entre regiones. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) resalta que una legislación más estricta puede disuadir a los delincuentes y puede mejorar las herramientas de investigación.
El estudio fue presentado esta semana en Viena, y es la primera parte del primer informe sobre el análisis mundial de los delitos que afectan al medio ambiente. Allí se analiza cómo los 193 Estados miembros de la ONU definen y penalizan los delitos ambientales; se reveló que el 85% tipifica los delitos contra la fauna y flora silvestres y el 45% impone penas severas, clasificándolos como delitos graves.
Pero eso no es suficiente. “Una legislación más estricta puede contribuir a disuadir a los delincuentes potenciales y reincidentes y a ampliar el abanico de herramientas y recursos de investigación de las fuerzas del orden para poner fin a los delitos que afectan al medio ambiente”, dijo Angela Me, directora de Unodc.
El nivel de penalización y las sanciones varían según el país y la región. Como la aplicación de estas normativas es desigual -advierte ONU-, se crean oportunidades para el crimen organizado. El informe subraya las discrepancias en las aplicaciones de las leyes a los particulares frente a las empresas; y sugiere mejorar la legislación, aumentar las penas y fortalecer la cooperación internacional para cerrar lagunas y mejorar la eficacia en la prevención de estos delitos.
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