La infame semana de mayo de nuestra historia

Es trágica la historia reciente de nuestra provincia. Durante esta semana de mayo de 1810, la patria transitaba el camino hacia la formación del primer gobierno criollo. El derrotero histórico seguiría camino hasta la Declaración de la Independencia en 1816, precisamente en esta bendita tierra tucumana. Empezaba a extinguirse el Virreinato del Río de la Plata. Era el principio del final del colonialismo y del sometimiento a una corona.

Casi dos siglos después, durante esta semana de mayo pero de 2006, Tucumán empezaba a andar el camino inverso. El del retroceso institucional. El de atrofiar las formas de gobierno hasta consagrar una república desequilibrada. El de generar mecanismo que le otorguen al Poder Ejecutivo facultades cuasi monárquicas. El de crear dispositivos que le permitan someter al Poder Judicial. El de malversar el régimen electoral para que su verdadero combustible no sea la voluntad popular sino el dinero. Y para asignarse una permanencia en el poder que no registra antecedentes.

Todo ello fue materializado, por cierto, en menos de 24 horas.

La reforma de la Constitución Provincial concretada hace 18 años fue, en términos procedimentales, un proceso que se inició el 22 de diciembre de 2004, con la sanción de la Ley 7.469, y que concluyó el 6 de junio de 2006 (sí, el 6 del 6 del 6) con la sanción del nuevo texto de la Ley Fundamental. En los hechos, fue cosa de un día. Y de una madrugada. Concretamente, la del 22 de mayo de 2006.

Era lunes. Y la Convención Constituyente se reunió para celebrar lo que el representante de la UCR, Juan Roberto Robles, denunció que el oficialismo se había comprometido a no hacer: celebrar una megasesión. En esa deliberación, por el contrario, se aprobó todo cuanto era prioritario para el gobierno de José Alperovich: de una sola vez, el capítulo del Régimen Electoral, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Los dictámenes que contuvieron las reformas fueron entregados entre el jueves y el viernes anterior. Es decir, apenas tuvieron un fin de semana para estudiar todas esas propuestas. Todas las cuales, por cierto, terminaron siendo aprobadas por mayoría entre las 10.15 de ese día y las 3.10 de la madrugada siguiente.

Lo primero en ponerse en consideración fue el régimen electoral. El opositor José Páez, convencional del Acuerdo Social para la Inclusión (ASI), hizo patente un hecho que confirma la nula vocación por el consenso del oficialismo: en la comisión encargada de estudiar los proyectos para este tema no se incluyó ni un solo opositor. Los siete miembros fueron del Frente Fundacional (tal el nombre de la coalición que lideró el PJ). Ni siquiera permitieron la participación como oyentes de los opositores o de sus asesores. Consecuentemente, no hubo dictámenes de mayoría. Al recinto sólo llegó la iniciativa oficialista. La cual, en nombre de eliminar la Ley de Lemas, inventó los “acoples”.

Es, sin más, un sistema de colectoras electorales que, en rigor, funciona de manera piramidal: los partidos van acoplando sus listas de candidatos de concejales que llevan votos a un mismo candidato a intendente, así como sus candidatos a legisladores que tributan sus sufragios para un mismo binomio de gobernador y vicegobernador. Así que el candidato a un cargo ejecutivo que reúne la mayor cantidad de “acoples” tiene mayores posibilidades de triunfar en las urnas. Así lo prueba la estadística: desde la entrada en vigencia de este sistema, a todas las elecciones provinciales las ganó el peronismo, que en todos los casos fue la fuerza que mayor cantidad de colectoras reunió. Por cierto: quien más dinero tiene es quien mayor cantidad de “acoples” podrá asociar. Y, ciertamente, nadie tiene más dinero que el Estado en Tucumán.

Como si no bastara, establecieron que a los funcionarios que sean candidatos no podrá exigírseles que tomen licencia de sus cargos. Confundir la gestión con la campaña, ese día, se volvió legal.

El nuevo régimen electoral, además, desbarató la Junta Electoral Provincial, donde el Poder Judicial sentaba dos de los tres miembros. Los constituyentes establecieron que, en adelante, dos miembros serían del Poder Ejecutivo (el vicegobernador y el fiscal de Estado), dejando a la Justicia en minoría.

Luego avanzaron con las reelecciones. El Partido Obrero, mediante Daniel Blanco y Martín Correa, propuso prohibir la reelección consecutiva, tal y como era hasta entonces en Tucumán (y sigue siendo, por ejemplo, en Mendoza y en Santa Fe). Páez, del ASI, propuso habilitar una reelección consecutiva, pero exluyendo al gobernador, al vice y los legisladores en funciones hasta entonces. Nada de esto prosperó. Se habilitó la reelección, lo cual era un objetivo que el Gobierno había explicitado y que el electorado tucumano respaldó en los comicios de febrero de 2006. Pero el Frente Fundacional fue más allá: fijó que, en adelante, todo representante popular tendría derecho a una única reelección consecutiva… con excepción de los que estaban en funciones en ese momento, que podrían disputar dos. Porque establecieron que el mandato 2003-2007 no sería contabilizado como el primero. Así, como por arte de magia, cuatro años fueron declarados inexistentes.

Para rematar, apuntaron todos los cañones contra el Poder Judicial. En primer lugar, y contra toda concepción de república, eliminaron la igualdad objetiva entre los poderes del Estado. Para acusar a un juez de la Corte, se necesita el voto de los dos tercios de la comisión de Juicio Político (ocho de 12 miembros); pero hacen falta los tres cuartos (nueve de 12) para hacer lo propio con el gobernador o el vice. Esa desigualdad aviesa se traslada al Tribunal Legislativo, compuesto por los otros 37 legisladores. Para remover a un juez supremo hace falta el voto de los dos tercios (25). Para destituir al gobernador o al vice, en cambio, se necesita la voluntad condenatoria de los tres cuartos (28).

El atropello no terminó ahí. Para designar a los jueces inferiores se creó el Consejo Asesor de la Magistratura, pero no fue incorporado al Poder Judicial sino al Poder Ejecutivo. Delegaron en la Casa de Gobierno, además, la potestad de determinar cómo funcionaría y cuál sería la integración.

Para destituir a los jueces inferiores se creó el Jurado de Enjuiciamiento, que sí fue incorporado a la órbita del Poder Judicial. Eso sí: con absoluta mayoría del poder político: sólo tiene un miembro de la Corte y un abogado de la matrícula. Se completa con un miembro del Poder Ejecutivo y con cinco legisladores. Como agravante, el texto constitucional no garantiza que entre esos parlamentarios deba haber, cuanto menos, uno en representación de la oposición.

Una parte de ese andamiaje destinado a la concentración del poder en manos de la Casa de Gobierno fue desarticulado por la Justicia. Otra parte se mantiene vigente. Como el recuerdo perenne de lo trágica que es la historia reciente de Tucumán. En 1810, el ideario de la Revolución de Mayo contenía un germen de emancipación. Aquí, el capítulo de la reforma constitucional consagrada en mayo de 2006 resuena aún con ecos de vasallaje al desmesurado poder del Ejecutivo.