25 Mayo 2024
Federico Moeykens
Juez penal de niños, niñas y Adolescentes
El mes de Mayo del año 2024 nos encuentra en un indiscutido consenso nacional acerca de la necesidad de contar con un nuevo esquema penal juvenil destinado a dejar sin efecto el Régimen Penal de la Minoridad (ley n° 22.278) que rige en la Argentina desde el año 1980.
Por su parte el conjunto de normas internacionales que forman parte de un “bloque supremo” que nos rige y obliga, establecen un sistema diferenciado, especializado y exclusivo de Justicia para los niños, niñas y adolescentes (NNyA), por considerarlos sujetos de derecho en pleno desarrollo psiconeurobiológico ajenos a los tradicionales objetivos de la justicia penal de represión/castigo.
El fin del proceso penal juvenil conforme se obligó internacionalmente a nuestro país, está orientado a que jueces, fiscales, defensores, profesionales interdisciplinarios, funcionarios policiales y demás operadores especializados, que deben enfocarse en el adolescente y su desarrollo, atento a que lo que se busca es su reeducación, características distintas al proceso penal para adultos, por ello sostener que “a delito de adulto, pena de adulto”, resulta cuanto menos de aplicación imposible en nuestro país.
Lamentablemente el eje del debate de la necesaria reforma está centrado en la lucha contra la inseguridad y a partir de ello surgen propuestas tutelaristas que atrasan la discusión y la convierten en anacrónica.
Por ello es necesario volver a darle centralidad al debate de crear un sistema penal juvenil garante de derechos que busque la prevención del delito y la resocialización de quienes han cometido acciones penales. El eje no es la inseguridad, porque estadísticamente los NNyA no la explican, sino la garantía de derechos a través de una norma acorde a la Convención de los Derechos del Niño.
Un sistema penal juvenil respetuoso del paradigma de la protección integral obliga a que trabajemos para revertir las situaciones de delitos cometidos por adolescentes poniendo el eje en las trayectorias educativas, en el acceso a la salud y en la protección a las distintas formas de violencia necesitando contar para ello con una norma moderna que contenga lineamientos y estrategias para lograr la reintegración del adolescente y que este asuma una función constructiva en la sociedad, siempre en clave restitución de derechos.
Argentina necesita un nuevo cuerpo normativo respetuoso de las imposiciones convencionales y constitucionales relacionadas a la Justicia Juvenil y de todos y cada uno de los postulados del Sistema de Protección Integral de Derechos de NNyA; y así ceñir su ámbito a la conformación de una justicia flexible cuyas decisiones se orienten a privilegiar la noción de integración social por sobre la rehabilitación institucional.
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