También el Pacto de Julio necesita un poco de educación

El acuerdo de políticas públicas que propone el gobierno no necesita una fecha patria para ser valioso. Lo importante es el contenido, no la imagen refundacional. Por más que la intención sea remarcar un quiebre con una tendencia equivocada de organización social, las ínfulas hacen mayores las decepciones si las ideas no se implementan bien.

Para considerarlas debe tenerse en cuenta que en el Pacto que se firmaría en Tucumán hay unos puntos preventivos y otros activos. Los preventivos prescriben no actuar y por lo tanto cumplir es no tomar ciertas medidas, mientras que los activos requieren dictar normas. Entre los primeros está la inviolabilidad de la propiedad privada. Si la Constitución Nacional ya señala su preponderancia, ¿qué sentido tiene? El de advertir, el de estar atento cuando un proyecto amenace con transgredirla. Implica el compromiso de no aprobar normas que conlleven abuso tributario, fijaciones de precios, regulaciones directas (donde la decisión gubernamental reemplaza la privada) o el intento de disfrazar regulación directa con indirecta (que sólo dispone reglas de juego básicas para que las decisiones sean del sector privado).

Claro que dicha obligación llevará a discusiones sobre cuáles alícuotas son abusivas o cuáles regulaciones son imprescindibles, pero alguna restricción habrá por el punto que impone el 25 por ciento del PIB como tope al gasto público y el que sostiene el equilibrio fiscal. Tal equilibrio puede lograrse con suba de ingresos o con baja de gastos, pero el límite máximo de gasto juega a favor del recorte de erogaciones y con ello a la menor necesidad tributaria.

Y si esos puntos darán lugar a discusiones, los activos aun más. Por ejemplo, la reforma previsional, la coparticipación federal o la apertura de la economía. Normas finales, normas transitorias, tiempos necesarios, compensaciones, todo eso estará en debate. Algo lógico. Así es la democracia. Será una tarea adicional verificar que tales reglas sean consistentes con la idea fundante del Pacto.

Ahora bien, existe la queja de que el Pacto no contempla la educación. La primera respuesta, débil, es que el acuerdo es sobre economía. Pero eso no es totalmente cierto. También plantea una reforma política. Que por supuesto tiene que ver pues las decisiones de política económica son tomadas por políticos. Pero no sólo de política económica. Los incentivos de representantes y representados deben estar alineados para atender las prioridades de las personas, dedicarse a los problemas de fondo y que haya continuidad en las políticas fundamentales que sustenten la libre elección de los proyectos individuales de vida. La política no sólo está referida a la economía.

Por otra parte, la educación tiene mucha relación con la economía. Como mínimo en tres planos. El primero, las habilidades explícitas, desde las básicas de lecto-comprensión y matemáticas hasta las profesionales. Son la parte visible del capital humano. El segundo, estilos de conducta útiles. Por ejemplo, la aplicación al trabajo, la aceptación del esfuerzo, la búsqueda del mérito, el respeto a los demás, el reconocimiento de las virtudes ajenas, la utilidad del trabajo en equipo. Todo eso se aprende mediante la vivencia del sistema educativo. Con la asistencia a clases, la puntualidad, el respeto a los profesores y compañeros, la entrega de tareas en tiempo y forma, la clasificación en las materias de acuerdo al conocimiento demostrado. Que además de ser condiciones para un ser humano apto para la vida económica también lo son para la vida en sociedad. El tercero es la visión del mundo. Incluye (entre otros conceptos) la comprensión de que el futuro propio depende mucho de uno mismo, que los recursos son escasos, que en una economía de mercado se gana atendiendo las necesidades de los demás, que existen derechos pero también obligaciones, que el individuo es importante, que la iniciativa privada es el motor del desarrollo.

En todos esos planos Argentina falla. Por ejemplo, en el tercero, ¿qué suele enseñarse, directa o indirectamente? En el mejor de los casos, autorrealización, pero sin decir que sin éxito económico hay frustración. También se pregona que los logros se alcanzan reclamando y no sacrificándose. Que el mérito es alienante. Se olvida de advertir que la riqueza no se reparte sino que se crea, que el éxito económico es legítimo, deseable y ejemplar. Que ayudar a otros es una elección propia y no puede ser principalmente una imposición estatal.

Con seguridad esto suma (más la inflación, los impuestos, las regulaciones, el cierre de la economía) a que Argentina tenga un número bajo de empresas activas por cada mil habitantes: según Observatorio PyMe, en 2021 eran doce, mientras en Brasil 22, Uruguay 50 y Chile 67. No se crece sin empresas y no hay empresas sin emprendedores. Y no hay emprendedores con un mal clima cultural, al que la educación contribuye.

Si se quisiera encontrar un sentido a la ausencia de la educación en el Pacto seguramente tendría que ver con que lo típico es pedir sólo más presupuesto y poco control de resultados mientras el gobierno preferiría indicar sólo bases u objetivos y que el resto se discuta en el Congreso respetando las restricciones fiscales acordadas. Claro que primaria y secundaria son responsabilidad provincial, por lo que habría que asumir un federalismo real. Pero como fuera, si el Pacto de Julio busca movilizar compromisos fundamentales, o la educación aparece o se hace un acuerdo en particular.

Ahora bien, dada su generalidad, ¿para qué serviría el Pacto como tal? Primero, para dar tranquilidad a la discusión legislativa. Que no parezca que la gobernabilidad está en juego en cada proyecto. Y segundo, proporcionaría seguridad a los inversionistas. Respetarlo indicaría el estilo de la legislación futura, al margen de discusiones puntuales. Pero, ¿por qué se respetaría? Ocurrirá si las primeras medidas que se tomen en su consecuencia, y hay que animarse, dan buenos resultados y, por lo tanto, votos. Aunque parezca extraño, hacer lo esencial es una apuesta.