Con el Pacto de Mayo en la mesa

Las alianzas están a full. De a poco se configura el nuevo mapa político e institucional en la Argentina. La cita de ayer durante el Encuentro Federal por la Memoria, que la AMIA organizó en su sede en el marco de los 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994, fue clave para que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo testeara el humor de su pares de otros distritos para llegarse el 9 de Julio por San Miguel de Tucumán. La mayoría de ellos no pondría reparos en asistir a los actos por los 208 años de la Declaración de la Independencia. Varios de ellos vendrían luego de las ceremonias que concretarían en cada una de sus jurisdicciones. El tranqueño sabe que esa fecha patria le dará una impensada exposición política. No está acostumbrado. Siempre ha sido un dirigente de cabotaje, de tierras adentro, del interior profundo de la provincia. Sabe que no tiene la agenda de su antecesor Juan Manzur, pero las circunstancias institucionales le dieron una centralidad y una oportunidad para proyectarse a nivel nacional. Sin embargo, Jaldo es consciente de que primero tiene que pisar fuerte en territorio propio y luego pensar en Buenos Aires. De todas maneras se da mañana para codearse con el empresariado nacional, a través de su rol dialoguista.

Dos consultoras nacionales comenzaron a medir su imagen. No por aquella proyección política nacional, sino por su rol en la posible firme del Pacto de Mayo. Los analistas políticos creen que el rol del tucumano ha permitido anestesiar las críticas que la dirigencia tradicional efectúa a aquellos que se aproximan al presidente Javier Milei. El kirchnerismo duro le sigue cobrando esa factura y hasta está armando una contracumbre, de la que todavía no se ha dado sede alguna para su realización. “Lo vengo diciendo desde hace tiempo: soy peronista, pero no kirchnerista”, reafirma Jaldo.

El domingo se cierra el primer semestre. El gobernador hace un balance favorable a lo que había proyectado el año pasado. No tienen grandes inconvenientes con la Casa Rosada. Aún más, las puertas del edificio de Balcarce 50 están abiertas de par en par. Tucumán fue una de las primeras provincias que firmaron acuerdos para reactivar obras públicas. Ayer rubricaron acuerdos Santa Fe, San Juan y San Luis. Antes lo habían hecho Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán. Esa sería la base del modificado Pacto de Mayo.

Las finanzas públicas están equilibradas. El déficit no es una amenaza de corto plazo y no hay necesidad de financiamiento. Distinto es el caso de La Rioja, por ejemplo, cuyo gobernador Ricardo Quintela ha declarado que a partir de julio comenzarán a circular en su provincia los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade). Los primeros en recibir la cuasimoneda como parte de pago de sus salarios serán los funcionarios de mayor rango. Aún así, no hay garantías que el déficit lleve a La Rioja a un uso mayor de esos papeles para cumplir con sus obligaciones financieras. El riesgo que se corre es el contagio hacia otras jurisdicciones.

Salarios

La Ley Bases y el paquete fiscal pueden llegar a disimular las contingencias financieras en las provincias, en la medida que se redistribuyan los fondos que esas leyes -que pueden llegar a ser aprobadas el mismo jueves en la Cámara de Diputados-prometen generar. Tucumán los necesita por la expansión del gasto en Personal. La inflación del primer trimestre ha terminado de hundir el poder adquisitivo de las remuneraciones estatales. El Gobierno se defiende bajo el argumento de que Tucumán es uno de los distritos con un salario promedio más alto en la Argentina. En el Ministerio de Economía calcularon que el ingreso promedio de cada agente público llega a los $ 785.000 mensuales. Al menos la mitad de esa suma responde a importes no remunerativos. Hubo una recuperación de ese sueldo y también diálogo con los sindicalistas para atender los reclamos y reclamar comprensión frente a la incertidumbre de un país en crisis. Un dato de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales revela que Tucumán es el quinto distrito con mayor población de empleados estatales. Sólo superado por Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El ahorro financiero contribuyó a disimular el incremento de las partidas. Jaldo ha dado la orden a la Unidad de Control de Gestión, a cargo del Ministerio de Economía, que no le quite el pie del freno al gasto. No hay posibilidades de que se avale una ampliación presupuestaria por el lado de las erogaciones.

En cuanto al endeudamiento público, los compromisos financieros han dejado de ser una preocupación para la gestión de Jaldo, desde el momento en que el Ministerio del Interior de la Nación le reprogramara los vencimientos del crédito concedido por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. De acuerdo con las planillas de la Contaduría General de la Provincia, el pasivo provincial roza los $ 98.000 millones que, ha largo plazo, terminan licuándose con tanta inflación y depreciación de la moneda nacional. Casi el 90% de esa deuda pública tiene como acreedora a la Nación. Un dato llamativo del Stock de Deuda Pública a fines de abril es la aparición de los Bonos de Conversión de la Deuda (Condep 2031), heredados de la gestión anterior por un arreglo que el entonces gobernador Manzur había firmado con la Anses por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al igual que el resto de las provincias. Eso significa una deuda estimada en casi $ 5.600 millones.

Jaldo deberá definir esta semana qué ofrece la provincia para recibir al Presidente el 9 de julio. Lo primero que se le solicitó al gobernador es que no haya una tribuna hostil, aunque todo parece indicar que el Pacto de Mayo se firmará en un horario “prime time” (20 horas). Todo eso lleva una logística aparte por el movimiento de seguridad que habrá alrededor de la Casa Histórica. Como se muestra en la foto de ayer, en la AMIA, los gobernadores tienen pensado asistir a la cita formulada por Milei. La mesa está lista, lo que falta es establecer si las provincias aceptarán las condiciones impuestas por la Nación para aplicar reformas estructurales.