El constructor Barenbreuker seguirá detenido en una celda policial

Otto Fernando Barenbreuker, el arquitecto condenado a seis años de prisión por estafas con fondos fiduciarios, seguirá detenido en una celda del edificio de la Dirección General de Investigaciones luego de que la Justicia postergó la resolución de un pedido para acceder al beneficio del arresto domiciliario. La solicitud había sido realizada por el defensor de Barenbreuker, Carlos Varela Soria, pero la jueza de Ejecución de Sentencias Ana María Iácono cuestionó que faltaban informes para resolver sobre la cuestión de fondo.

El 22 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de la provincia declaró inadmisible un recurso extraordinario federal que había planteado la defensa de Barenbreuker, por lo cual la condena en su contra a seis años de prisión que había sido dictada en noviembre de 2022 quedó firme. Además, la Justicia ordenó la detención del empresario y su inmediato alojamiento en el penal de Villa Urquiza. Sin embargo, por falta de cupos en la cárcel, esa orden nunca se cumplió y el constructor permanece alojado en dependencias del edificio ubicado en Junín y avenida Sarmiento.

El arquitecto fue juzgado luego de haber sido denunciado por 20 personas que habían pagado por acceder a departamentos que, o nunca fueron entregados, o se lo hizo en condiciones muy distintas a las pautadas.

Las juezas Stella Maris Arce, Wendy Kassar y María Fernanda Bahler condenaron a Barenbreuker por defraudaciones en concurso real con las amenazas que dijo haber sufrido una de las denunciantes. “Barenbreuker montó toda esta estructura con la finalidad de defraudar a los inversionistas. Utilizó un negocio jurídico válido, con el fin de administrar en forma fraudulenta los bienes entregados, y desviarlos del fin para el que fueron invertidos. En lugar de invertirlos en las obras de los fideicomisos para los que fueron entregados, los desviaba en beneficio propio hacia otros fines distintos”, expusieron en ese momento las juezas. Luego de escuchar a decenas de testigos (entre denunciantes, peritos y allegados), el fiscal Carlos Saltor solicitó nueve años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer el comercio. Los querellantes Luis Maria Rizzo, Rosa Nosseti y José Gerónimo Paz, en tanto, habían pedido 12 años de prisión. Los defensores Carlos Varela Soria y Juan Colombres Garmendia, en tanto, habían solicitado la absolución, o que, en caso de condena, se aplique la pena de un año y medio de prisión de ejecución condicional.

Hoy la jueza Iácono encabezó una audiencia solicitada por Varela Soria, quien requirió el beneficio del arresto domiciliario para el condenado, requiriendo que se le permita vivir con su madre en un domicilio de calle Alberdi al 400. “Todo este proceso, que se inició en 2016, le trajo muchos problemas personales y profesionales, por lo que tiene un cuadro depresivo. En junio del año pasado vivió un episodio grave, por lo que debió ser internado en el Hospital Padilla durante 22 días. Su detención en febrero de este año agravó su situación de salud y padece un cuadro clínico psiquiátrico que es grave, sumado a un trastorno depresivo mayor”, explicó el defensor. Y agregó además que proponía que a esa detención domiciliaria se le sumara un dispositivo electrónico para monitorear la ubicación del condenado. Sin embargo, y a pesar de decir que contaba con informes médicos que avalaban lo que estaba explicando, la jueza le hizo saber que le faltaban los más importantes: un análisis de una junta médica integrada por un miembro del Cuerpo Médico Forense, otro del Servicio Penitenciario y finalmente un psiquiatra de hospital público, a lo que deben sumarse los peritos tanto de parte de la defensa como de la querella, y por otra parte debe haber una propuesta de arresto domiciliario de parte del Servicio Penitenciario. Y por eso decidió rechazar la petición, a lo que se adhirieron el representante del Ministerio Público, Alvaro Litovic, y los representantes de las querellas, Javier Lobo Aragón, Rizzo y Juan Ignacio Saltor.

Antes de dar por concluida la audiencia, Iácono le cedió la palabra a Silvia Saracco, una de las víctimas de las defraudaciones de Barenbreuker. “Nosotras también tenemos depresión señora jueza. Nunca se tuvieron en cuenta nuestros derechos. Cuando yo iba a pagar él se me reía en la cara. Hoy los fideicomisos siguen a su nombre, seguimos presas de él”, afirmó la mujer visiblemente nerviosa. “Él, aunque está detenido, hoy tiene cosas que nosotros no tenemos. Tiene techo, tiene cama, tiene agua. Todo lo que nos prometió y nunca cumplió. Debería estar preso en el edificio que no construyó. Él dice que está mal de salud, pero nadie piensa en las víctimas, en nuestra salud y en lo que padecemos. Hoy él tiene lo que yo no tengo. Y se burlaba de nosotros. Se creía impune”, aseguró.

La jueza dio 10 días hábiles para que se confeccionen los informes requeridos y recién entonces se realizará una nueva audiencia para decidir el futuro del constructor condenado y si se le otorga el beneficio del arresto domiciliario o por el contrario se ordena su traslado al penal de Villa Urquiza.