¿El principio del fin de Las Pirámides?

El lugareño de San Javier Próspero Marcelo Sosa es quizás el problema más difícil que ha tenido en los últimos años la Universidad Nacional de Tucumán en lo que hace a sus terrenos en el parque Sierra de San Javier, ese enorme reservorio ambiental de 14.130 hectáreas que es el pulmón verde del gran Tucumán. Pensado como lugar de ensueño por los visionarios de la gestión del rector Horacio Descole, que en 1948 logró que la Nación expropiara casi todo el cerro para que se comenzara a erigir ahí la Ciudad Universitaria, ha sido y es mirado con avidez para la construcción de viviendas y el desarrollo inmobiliario. El cerro es más fresco, menos contaminado, más sano.

Muchos ocupantes

Cuando la Universidad recibió esos terrenos había gente adentro. Muchos ex empleados de las fincas, que quedaron en las viejas casas, donde crecieron sus hijos y sus nietos, que también se quedaron. Eso ha ocurrido en Horco Molle, donde hay un barrio debajo de la Escuela de Agricultura y del CAPS, y hay casas también junto al CAPS. Todos ocupantes a los cuales la UNT no va a erradicar siempre y cuando no traten de tener títulos de propiedad ni amplíen la extensión de su ocupación.

Hubo personas que compraron predios a los viejos dueños antes de que se expropiaran el cerro, como ocurrió con la familia Colombres Garmendia que adquirió terrenos en Tapia y pocos meses después se los expropiaron. Pero para que se reconociera la propiedad de la Universidad pasaron muchos años, hasta hace pocos meses, cuando se hizo la escritura a nombre de la UNT.

Hay curiosidades en el rompecabezas del parque Sierra de San Javier, porque en el medio y a los costados hay terrenos privados y fiscales y poblaciones que escaparon de la expropiación. Hay un predio fuera del parque, al sur, en Villa Nougués, donde Juan B. Terán ocupaba una casita en medio de un bosque con árboles exóticos traídos a comienzos del siglo pasado.

Hay gente con casas en San Javier, en La Sala y en Horco Molle. La UNT hizo hace poco un cálculo y estimó que hay unos 1.500 ocupantes en el parque, la mayoría con ocupación consentida.

Próspero Marcelo Sosa y su familia eran de esta categoría. Vivían en la parte sur, que era finca de Paz Posse antes de la expropiación. Él mismo contó que ellos fueron los que llevaron el ligustro al cerro, como planta ornamental que ahora los científicos tratan de mantener a raya, si no erradicar, porque está causando estragos en el bosque nativo. Gente de su familia, como muchos ocupantes del cerro, trabajó para la UNT como proveedores o como guardaparques.

Hasta ahí todo parecido al resto de los ocupantes.

Larga pulseada

Hasta 1998, cuando hubo algunos incidentes y la UNT lo querelló por usurpación. El proceso llevó 10 años y en 2008 el ex juez federal Raúl Bejas sobreseyó al ocupante por falta de acción de la causa.

Entonces Sosa comenzó su proyecto de loteo y en 2010 ya aparecieron las primeras casas y el barrio empezó a desarrollarse. En 2018, cuando la UNT comenzaba a organizar un proyecto para poner en orden su gigantesco patrimonio, hubo un episodio que hizo visibilizar que al sur del parque se estaba gestando este emprendimiento inmobiliario: unos excursionistas que habían ido a la cascadita conocida como “El salto de la corzuela”, junto al río San Javier, fueron expulsados por hombres armados que les dijeron que eso era propiedad privada. En esos días se descubrió que se estaban comercializando por internet lotes para construir viviendas en Las Pirámides. La Universidad querelló a Sosa por reivindicación y este respondió que él tiene derecho de posesión, que la casa de altos estudios no tiene siquiera entidad legal y que él es dueño de unas 4.600 hectáreas de esa zona. Casi la tercera parte del parque.

La Universidad fue tramitando en estos años diferentes querellas por prescripción adquisitiva en el área de Horco Molle, y al tiempo que se iban resolviendo quedó en claro que el parque es un bien colectivo que debe ser amparado y que los ocupantes no debían hacer acciones que pueda alterar o modificar el bosque nativo.

Poco después de comenzada la causa por reivindicación y por daño ambiental contra Sosa, se inició otra por desobediencia, ya que la UNT denunció que se seguía construyendo, abriendo caminos, sacando árboles. El trámite llevó varios años e incluyó operativos realizados con policías y gendarmes para comprobar el crecimiento del barrio que, a pesar de las advertencias de la Justicia fue ocupando cada vez más espacio en el parque Sierra de San Javier. Todo lo cual se fue descubriendo por partes. En abril pasado se hizo un operativo y se sobrevoló con drones el predio de Las Pirámides y se determinó que había unas 56 casas. Se citó a los ocupantes -unas 150 personas que alegan ser compradores de buena fe- para quedar registrados por la Justicia Federal. Hace pocas semanas un estudio de las imágenes sacadas por los drones llegó a la conclusión de que en realidad son unas 70 casas, varias escondidas en la espesura.

¿Tendrá final esto? Más de una persona pensó que, si decidiera lotear las 4.600 hectáreas que afirma poseer, Sosa podría hacer un megabarrio en el cerro.

No sólo llevó al paroxismo la inquietud en la Universidad por esta ocupación, sino que en la Justicia Federal hay algunas cuestiones a resolver porque el hombre está siendo llevado a juicio penal por la desobediencia mientras se lo querella civilmente por la reivindicación y el daño ambiental. Por la famélica estructura de la Justicia federal, es el mismo juez el que debe hacerse cargo de las dos causas.

Traba a las ventas

Todo llegó hasta el acuerdo que se firmó ayer en el rectorado entre la UNT, el Gobierno provincial y EDET para que se niegue cualquier pedido de ocupantes para poner líneas de energía o medidores de luz. Cuenta la ex directora de Medio Ambiente de la Provincia, Florencia Sayago, que esta estrategia salió de consultas y conversaciones que hizo la gente de asuntos jurídicos de la UNT -el abogado Máximo Castro, entre otros- con Medio Ambiente, que es el organismo que debe dar apto ambiental a EDET cuando le hacen pedidos de instalaciones de energía. Ayer el interventor del Ersept, José Ricardo Ascárate, dijo que no se dará ni una línea de energía a ocupantes y que Sosa no va a poder vender más terrenos.

¿El comienzo del fin de Las Pirámides? El Rector Pagani dijo al concluir la firma del convenio: “es un momento importante para nosotros. Estamos muy emocionados”. Probablemente con esto se pueda detener la expansión. El resto es la definición que ha de hacer la Justicia. Según el abogado Castro, antes o después las casas serán demolidas y el bosque nativo será restituido. Pero eso es otra historia, que deberá desenvolverse en la UNT, ahora más aliviada.