18 Septiembre 2024
La crisis carcelaria ha sumado un nuevo y polémico capítulo. Una entidad, teniendo en cuenta el informe del Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT), pidió al Ministerio Público que investigue si los jueces de Ejecución de la provincia porque omiten evitar las torturas, vejámenes u otras conductas a los detenidos en las dependencias policiales.
El pedido fue realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “La información obtenida por la CPPT deja en claro que las condiciones de los encarcelados en las comisarías de Tucumán son indignas y notoriamente ilegales, propia de una situación de vejámenes y tortura. La CPPT acreditó que esas comisarías no son aptas para alojar personas detenidas”, se puede leer en un comunicado que fue firmado por el presidente de la entidad Alberto Binder y Julián Alfie, presidente y director ejecutivo de esa entidad.
“Esas personas carecen de acceso alguno a la salud, a los alimentos más básicos, a elementos de higiene, o a condiciones de salubridad mínima para la vida humana”, se puede leer en el documento difundido ayer y que fue rápidamente comentado por funcionarios judiciales y abogados, ya que Binder es un jurista reconocido a nivel internacional.
En el escrito, los firmantes dijeron que los detenidos “duermen hacinados en el piso, aún con las bajas temperaturas que se registran en invierno, en lugares absolutamente precarios que más tienen que ver con una jaula medieval que con una prisión”.
Motivos de la denuncia
Binder y Alfie también explicaron los motivos por los que decidieron realizar la denuncia en el Ministerio Público. “Los jueces encargados del control de legalidad de la ejecución penal son los responsables primarios de esta situación, ya que tienen el deber de evitar que se inflijan penas y tratos de este tipo, sin perjuicio de la responsabilidad de otros jueces que han ordenado y mantenido el encierro en esas condiciones, pese a las quejas de los defensores y los propios imputados o condenados” destacaron.
“No existe ninguna causa de justificación que permita que incumplan esa tarea esencial de su competencia, ya que la misma Constitución Nacional establece que ello no será justificado por ningún argumento de falsa precaución, tales como que no se han construido aún las cárceles o que es responsabilidad de otros funcionarios”, destacaron.
Cerraron la presentación aduciendo que “la ilegalidad es evidente y grave y la inmoralidad del mantenimiento de esa situación de una manera cruel e insensible es inadmisible para toda persona con un mínimo de conciencia moral”.
Lo más popular
