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Ecologistas se encuentran en alerta y convocan a una protesta el jueves a las 9, en las puertas de la Legislatura, en rechazo de que Tucumán adhiera lisa y llanamente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ocurre que en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo -el cual tiene dictamen y será debatido en la sesión del jueves- impulsa también la derogación de la Ley 7.879, la cual prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en la provincia.
Representantes de las organizaciones que integran la Red de Acción por el Buen Vivir de Tucumán alertaron que la adhesión de la Provincia al RIGI y la derogación de la ley se da ante un panorama poco prometedor de la provincia, entre informes oficiales sobre el aire irrespirable, basurales clandestinos y la constante quema de caña, entre otros. “Surge la preocupación de miles de personas. Hoy, más que nunca, sentimos el propósito e identidad de conservar, preservar y regenerar el ambiente para los seres vivos del presente y del futuro”, señalaron en un comunicado ante la posible derogación de la norma.
La semana pasada y ante la preocupación de los ambientalistas, la legisladora Silvia Elías de Pérez convocó a dirigentes de la Red de Acción por el Buen Vivir para debatir sobre el régimen y la norma que prohíbe el uso de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera. Luego de la charla, adelantó que votará en contra de la desregulación minera, luego de reunirse con organizaciones ambientalistas.
“Un caballo de Troya”
“Claro que queremos que vengan grandes inversiones a Tucumán, pero no a costa de lo más preciado que tenemos: nuestra agua y nuestro ecosistema. Con el pretexto de adherir la provincia al RIGI, meten un caballo de Troya, que deroga de manera encubierta una ley de protección ambiental excelente que desde hace años tiene la Provincia”, dijo la radical.
La parlamentaria destacó que este artículo del proyecto de ley “representa una involución en materia legislativa, sin fines claros y poniendo en riesgo amplias zonas naturales, ya que está probado que la minería a cielo abierto afecta sensiblemente flora y fauna, deja suelos destruidos, inservibles para la agricultura por muchos años y tierras expuestas a la erosión de los amontonamientos de residuos estériles. Además, el cianuro y el drenaje ácido pueden contaminar los mantos de agua subterráneos por décadas”.
El régimen se crea con el objetivo de atraer desembolsos y dar estabilidad a compañías que inviertan más de U$S200 millones en el país durante al menos 30 años. Podrán acceder a los beneficios impositivos y fiscales firmas con proyectos en los sectores de forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos. Ecologistas rechazaron que con el RIGI se pretenda pasar por encima de normativas provinciales. “Es un subestado. Las leyes locales no van a tener vigencia. Van a caer las leyes de protección y vamos a tener que ir a litigar en el extranjero. Tanto las autoridades y los legisladores que adhieran al régimen van a ser declarados ecogenocidas”, sentenció Alfredo “Freddy” Carbonel, miembro de la Asociación Civil Pro Eco.
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