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Políticas de reducción de daños y fiestas electrónicas: "Prohibir no es cuidar"
Ante la creciente preocupación por la seguridad en las fiestas electrónicas de Tucumán, Inés González Castro, trabajadora social y fundadora de Chill and Safe, abordó la problemática desde un enfoque de reducción de daños. Durante una entrevista con LA GACETA, la especialista reflexionó sobre la prohibición de estos eventos y sobre la necesidad de implementar políticas que aseguren la salud y la seguridad de los asistentes.
González Castro recordó que la decisión de prohibir las fiestas electrónicas surge en respuesta a incidentes trágicos, como el accidente en Time Warp, pero advirtió que tales medidas suelen tener efectos contraproducentes. “Lo que sucede en estos casos es que empiezan a hacer fiestas clandestinas, que son mucho más peligrosas porque no hay control ni puestos de sanidad”, aseguró. En este sentido, enfatizó que la prohibición no resuelve el problema, sino que lo agrava.
La trabajadora social criticó el enfoque prohibicionista y lo calificó como un retroceso en materia de derechos humanos. “El sistema prohibicionista no ha funcionado en el pasado y no funcionará en el futuro. La historia nos muestra ejemplos claros de que prohibir no es la solución”, afirmó. Para ella, el objetivo debe ser reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, creando un entorno seguro para los usuarios.
González Castro destacó que, a menudo, el consumo de sustancias no es problemático y que, según estadísticas, un alto porcentaje de quienes consumen no desarrollan adicciones. “El 80% de los consumos no llevan a una dependencia, pero es fundamental ofrecer información y recursos para evitar que un consumo ocasional se convierta en un problema grave”, explicó.
ARCHIVO LA GACETA
Chill and Safe propone un enfoque pragmático que incluye medidas como la prueba de sustancias para garantizar su pureza y la correcta hidratación de los asistentes. González Castro mencionó que la desinformación sobre la cantidad de agua a consumir puede llevar a situaciones de riesgo, como la hiponatremia, y subrayó la importancia de la educación en el consumo responsable.
Además, planteó que el Estado debe involucrarse en la regulación de estos eventos, proporcionando agua y personal médico. “Es el rol del gobierno sentarse a negociar con los organizadores y garantizar que haya medidas de seguridad adecuadas, como puestos de hidratación y asistencia médica”, dijo.
La trabajadora social también hizo hincapié en que las políticas de reducción de daños son costo efectivas, ya que prevenir situaciones de emergencia en eventos puede ahorrar al Estado costos mucho mayores relacionados con la atención médica de emergencias.
González Castro finalizó su intervención apelando a una mirada más comprensiva hacia el consumo de sustancias. “Prohibir no es cuidar. Si realmente queremos proteger a los jóvenes, debemos ofrecerles información y herramientas para un consumo responsable, en lugar de negarlo”, concluyó.
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