Con rechazo en las calles, Tucumán adherirá al RIGI

La adhesión de Tucumán al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) será el tema preponderante en la sesión legislativa de mañana, desde las 9. La Cámara que preside el vicegobernador Miguel Acevedo debatirá en el recinto si la provincia adopta la reglamentación nacional de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para atraer inversiones superiores a U$S200 millones. Pero puertas afueras, organizaciones ecologistas, indígenas, sociales y gremiales se manifestarán en rechazo a la adhesión, principalmente porque el dictamen incluye la derogación de la ley provincial que prohíbe la minería metalífera.

El RIGI, que parte de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742), será el primero de una docena de temas que se acordaron para hoy. La adhesión lisa y llana cuenta sólo con dictamen favorable de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Una parte de la oposición se manifestó en desacuerdo con que el Poder Ejecutivo no haya incluido en su proyecto incentivos locales para las inversiones, mientras que otra rama adelantó que rechazará en la votación en particular la derogación de la Ley 7.879. Aunque el texto propone la anulación de la norma ambiental, el proyecto no pasó por la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En el artículo 167 de la norma nacional se consigna que el RIGI resultará aplicable a las grandes inversiones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos. En ese sentido, en el proyecto tucumano se consignó que en la provincia existen pedidos de explotación minera en diferentes zonas, pero que están sin avances debido a la ley que prohíbe la actividad minera metalífera en Tucumán en la modalidad a cielo abierto, así como la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción.

En los argumentos del proyecto el PE puso énfasis en que la minería asumió compromisos ambientales en los 90 y logró avances importantes en la materia. A su vez, señaló que el cianuro, que motivó el dictado de la Ley 7.879, no se utiliza en la etapa de explotación minera, sino durante el proceso de separación del mineral. Se remarcó que dicho procedimiento se encuentra regulado por leyes nacionales y normativas internacionales de control ambiental.

Defender la Pachamama

Diversos sectores que se oponen a la minería a cielo abierto en Tucumán se vienen manifestando en contra de la anulación de la norma provincial y mañana confluirán en las puertas de la Cámara, desde las 9. Miembros de las organizaciones que integran la Red de Acción por el Buen Vivir de Tucumán afirmaron que la provincia irá “camino al ecogenocidio” si se insiste con este proyecto. “Tanto las autoridades y los legisladores que adhieran al régimen van a ser declarados ecogenocidas”, sentenció Alfredo “Freddy” Carbonel, miembro de la Asociación Civil Pro Eco.

La cacique de El Mollar, Margarita Mamaní, expresó en las redes sociales su rechazo al RIGI. “La comunidad indígena diaguita decimos: no a la explotación minera; no a la derogación de la ley que dice no a la explotación minera en Tucumán; sí a la vida; sí a la mejor riqueza que tenemos los seres vivos que es el oro más preciado: el agua. No al RIGI, sí a la vida”, manifestó y convocó a “proteger a la Pachamama” pacíficamente en la Legislatura.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -Regional Tucumán- adhirió al petitorio colectivo de la campaña nacional de no al RIGI y realizó en las últimas horas una presentación en la Legislatura. “Las provincias y municipios que adhieran al RIGI cederían parte de su autonomía política, legal y ambiental, garantizando más facilidades impositivas a grandes corporaciones. Este régimen anularía políticas de protección ambiental y priorizaría el uso del agua y energía para las empresas sobre las necesidades de la población. No es posible realizar estudios de impacto ambiental serios en 45 días, el tiempo máximo dispuesto por el RIGI para habilitar proyectos”, se advirtió en el escrito.

Cambios territoriales

Por otra parte, el Centro de Orientación Productiva y Desarrollo Socioambiental, la CTA Autónoma y la Mesa de asociativismo de Tafí Viejo, entre otras organizaciones, solicitaron a través de un comunicado la no aceptación del RIGI y la no derogación de la Ley 7.879. Consignaron que la aplicación de ambas medidas “modificaría indefectiblemente nuestro territorio, afectando básicamente nuestras fuentes de agua, exponiendo a las poblaciones a procesos aluvionales y de remoción en masa de suelo”. “Llama la atención la derogación enmascarada de la Ley 7.879; solicitamos a la legislatura de Tucumán que no avale el saqueo a que nos expone el RIGI y la derogación de la ley 7879”, insistieron.

La iniciativa de adhesión a la ley nacional llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. En los argumentos se indicó que la provincia necesita profundizar su desarrollo económico y social, por lo que es necesario adoptar medidas que promuevan la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.