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El legislador Agustín Romano Norri presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Tucumán que propone la creación de la Comisión de Control y Seguimiento de Subsidios, Compensaciones, Compras, Contrataciones y Acuerdos en el marco de la Ley de Emergencia del Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Provincial.
El legislador radical presentó este proyecto mientras la Legislatura se prepara para aprobar el DNU firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo que autoriza la compra de 100 colectivos 0Km destinados a las empresas que prestan el servicio interurbano.
“El objetivo principal de esta comisión será fiscalizar y controlar el uso de los recursos públicos destinados a este servicio esencial, garantizando la transparencia y eficiencia en su asignación y ejecución”, argumentó Romano Norri.
Tareas y responsabilidades clave de la comisión
Según esta iniciativa, la comisión deberá vigilar y evaluar la asignación, uso y destino de los subsidios y compensaciones otorgados para el transporte público en el marco de la ley de emergencia.
En este contexto, también deberá seguir de cerca el procedimiento para la venta, entrega y el pago de los 100 colectivos que adquirirá el gobierno de la provincia.
También deberá controlar los acuerdos entre el Estado y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), requiriendo informes periódicos sobre el destino de los fondos y el cumplimiento de los compromisos.
Esta comisión también examinará el estado del transporte público para asegurar que los subsidios impacten positivamente en la calidad ofrecida a los usuarios.
La comisión estará integrada por siete legisladores, incluyendo representantes de distintos bloques políticos (dos del oficialismo y cinco de la oposición), un representante de la Dirección General de Transporte de la provincia y un miembro de la Defensoría del Pueblo. Los integrantes serán seleccionados por el presidente del cuerpo legislativo.
Facultades de la comisión
Podrá requerir información, documentos y antecedentes a organismos públicos y privados vinculados a la ejecución de los subsidios. En caso de negativa, se recurrirá a organismos de control e incluso al Poder Judicial si fuera necesario.
Garantizará el acceso público a la información, de manera que los ciudadanos puedan conocer cómo se distribuyen y utilizan los fondos destinados al transporte.
Los legisladores José Cano, Silvia Elías de Pérez, Raquel Nievas, José Seleme y Manuel Courel acompañaron con su firma este proyecto impulsado por Romano Norri.
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