29 Octubre 2024
Tribunales penales. ARCHIVO
La Justicia provincial acusó a un hombre, de 46 años, de haber confeccionado al menos nueve certificados médicos “truchos” para agentes policiales. El imputado, según la investigación, utilizaba el nombre de un profesional fallecido y de otro que había denunciado la pérdida de su sello años atrás.
El sospechoso estaba vinculado con un centro médico y los documentos eran usados para que los policías justificaran sus licencias por enfermedad. La imputación requerida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) ha sido por el delito de falsificación reiterada en nueve oportunidades por la creación de un documento privado, informaron fuentes judiciales.
Según la hipótesis de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, entre febrero de 2023 y enero de 2024, el imputado confeccionó nueve certificados médicos con contenidos y firmas falsas, que fueron usadas por cuatro agentes policiales para justificar las licencias por enfermedad ante la División del Servicio Médico Laboral de la Policía de Tucumán.
La Dirección General de Fiscalización Sanitaria del Siprosa fiscalizó los documentos y constató que las firmas no correspondían con las registradas en esa repartición, perteneciente a los galenos que supuestamente expedían certificados.
Evidencias y medida cautelar
La auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, indicó que se ha constatado que, de esos nueve certificados, siete llevaban la firma de un médico que “había fallecido en la pandemia”; mientras que el resto contenía el nombre de un cardiólogo, quien aseguró que había extraviado ese sello hace 10 o 15 años -denunció en su momento el hecho-, y que la letra y la firma estampadas en los papeles no correspondían con las suyas.
La representante de la Fiscalía se refirió a una medida de allanamiento, que se llevó a cabo en una vivienda del acusado. En una habitación se encontraron alrededor de 345 certificados médicos sellados y con membretes de distintos establecimientos. “También se encontraron sellos aclaratorios”, sostuvo Deroy.
La investigadora requirió que se dispongan reglas de conducta para el sospechoso por el plazo de seis meses para "resguardar la investigación". La jueza que encabezó la audiencia oficial resolvió hacer lugar al pedio del MPF.
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