La jueza Ballesteros respondió y la comisión de Juicio Político pasa a resolver

La jueza pidió el rechazo y el archivo del pedido de destitución formalizado por Leiva Haro. La comisión, con plazos para decidir.

TRIBUNALES. La jueza del fuero penal de la Capital, Carolina Ballesteros. TRIBUNALES. La jueza del fuero penal de la Capital, Carolina Ballesteros. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
01 Noviembre 2024

La jueza Carolina Ballesteros formalizó su descargo ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura, luego de que se le corriera traslado de la presentación del abogado Mario Leiva Haro.

Además de solicitar el archivo de las actuaciones, la magistrada aseveró que el pedido de remoción en su contra resulta “totalmente injustificado” y carece de “sostén probatorio”. “Son meras reediciones de reediciones de situaciones ya resueltas por la propia Justicia, que se encuentran debidamente firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada”, sostuvo en su descargo, sellado el miércoles a las 13 vía en Mesa de Entradas de la Legislatura.

Ahora, los miembros del comité parlamentario -presidido por Sergio Mansilla, tienen 20 días hábiles (contando desde ayer) para analizar los argumentos de las partes y resolver si corresponde desestimar las acusaciones formuladas por Leiva Haro o si se decide pasar a la conformación del Jury de Enjuiciamiento para que dicho órgano defina la situación de la magistrada.

En su denuncia, el abogado pidió la destitución de la jueza del Colegio de Jueces del fuero penal del Poder Judicial de Tucumán. Según Haro Leiva, Ballesteros “desatendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que amerita que sea removida de su cargo”. Una de las supuestas faltas que plantea el abogado es que Ballesteros habría ejercido su influencia al intervenir sin representación legal en una causa penal en la que están involucradas dos medias hermanas de la magistrada, con el padre como víctima, y la cónyuge del hombre.

Uno por uno

En su escrito de 80 fojas, la magistrada rechazó uno por uno los puntos de la demanda. Al inicio del texto, Ballesteros aludió a la situación generada por el rechazo de los legisladores respecto a su pedido para ampliar los plazos de su descargo. A pesar de encontrarme con licencia por razones de salud, situación debidamente acreditada por el Cuerpo Médico del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), con documentación que se hizo llegar a conocimiento de vuestra honorable comisión, ante el rechazo (...) es que vengo con la dificultades propias de mi precario estado de salud a dar cumplimiento al emplazamiento dispuesto en debido tiempo, asistiendo personalmente, con la valiosa e inestimable tarea realizada por mi defensor (Manuel Pedernera)”, expresó.

Luego, recordó con detalles el incidente vial sufrido en 2015, cuando todavía se desempeñaba como defensora Oficial del Centro Judicial de Concepción (y en ocasiones, de Monteros). “El accidente de trabajo fue admitido, reconocido y aceptado por la ART y la Comisión Médica N° 1 de Tucumán y la Comisión Médica Central de Buenos Aires”, dijo. Y afirmó que “entre la ART y mi empleador, el Poder Judicial de Tucumán, existió divergencia, ya que el Dr. Oscar Gonza no compartió el alta de la ART y no me permitía reintegrarme al trabajo, y me envió a la comisión médica Nº 1”, añadió. Ballesteros explicó que el accidente derivó en un cuadro de estrés postraumático, y mencionó las conclusiones arribadas por las profesionales que la trataron. “En ningún momento existe la más mínima referencia que dichas afecciones interfieran en modo alguno en mi función intelectual ni en ningún área que pudiera afectar el ejercicio de mis propias funciones”, enfatizó. Ballesteros calificó como “absurdo y desprovisto de todo sostén probatorio lo que sostiene Leiva Haro”. “No sólo no adjunta una sola prueba de la inexistencia de las patologías físicas provocadas por el accidente laboral, sino que también llega incluso a desconocer el procedimiento interno del Poder Judicial respecto de las Altas Médicas de ART”, añadió.

En otro apartado, la magistrada justificó la legalidad de los haberes percibidos por tareas como subrogante, y recordó que todo ese procedimiento está sujeto a los controles del Tribunal de Cuentas. Además, negó que haya ejercido influencias en una causa judicial originada por una disputa familiar. “Durante toda la investigación, me mantuve absolutamente prescindente de actuar, y solo comparecí, cuando fui convocada por la Fiscalía interviniente a declarar en calidad de testigo o a participar en alguna audiencia”, afirmó en el extenso escrito. Ballesteros aportó testigos y elementos de prueba, que serán evaluados -junto a la denuncia de Leiva Haro- por Juicio Político. En reunión, cuando se cumplan los plazos, los legisladores definirán el caso.

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