Causa por acoso: “Nada me garantiza que de acá a dos meses vaya a estar viva”

“Hace 12 años que vengo haciendo denuncias porque una persona que yo no conocía aparece en mi domicilio alterando la paz de mi entorno. Me perseguía a la salida de donde estaba y la verdad es que estoy cansada; nadie puede vivir 12 años psicológicamente estable con una persona acechándote. Si vos le dijiste desde el primer momento “no aparezcas más”, eso tiene que ser así. Nada me garantiza que de acá a dos meses vaya a estar viva; porque yo no sé si él va a estar en la puerta de mi casa con un cuchillo, con un arma o qué quiere. Quiero que de verdad haya una conclusión para esta historia y que no se acerque más a mi vida”, manifestó F., la joven que viene denunciando hace más de una década a un hombre de 45 años por reiteradas situaciones de acoso.

En una audiencia realizada ayer, F.A.P (su nombre se mantiene en reserva por cuestiones legales), fue acusado por el delito de desobediencia judicial por haber incumplido una orden de alejamiento dictada por el Juzgado Civil V de Familia el pasado 24 de octubre. Por resolución de la jueza Isabel Méndez, el hombre fue trasladado al hospital Obarrio para que un equipo interdisciplinario evalúe si debe permanecer internado en dicha institución. Caso contrario estará bajo arresto domiciliario por los próximos 15 días mientras continúa el proceso.

Un largo proceso

El calvario que viene viviendo F.comenzó en el año 2012, cuando el imputado se contactó con ella a través de Facebook. Según declaró la víctima ante la Fiscalía de Integridad Sexual y de Género I, a cargo de Adriana Reinoso Cuello, el hombre le enviaba mensajes incoherentes cada tres días, aproximadamente. La joven decidió ignorarlo hasta que un día le pidió que parara de mandarle mensajes. F.A.P, lejos de detenerse, aumentó la frecuencia de sus mensajes, algunos de ellos incluso habrían sido con tonos amenazantes.

En 2015, se presentó por primera vez en el domicilio de la víctima, ubicado en Tafí Viejo, y fue allí donde F. realizó la primera denuncia en la Policía. Los mensajes y apariciones repentinas del hombre siguieron durante varios años.

En 2022, tras una nueva denuncia, F.A.P, estuvo bajo preventiva en el Penal de Villa Urquiza, luego fue trasladado al Obarrio y finalmente enviado a su casa con una tobillera y a la víctima se le entregó un dispositivo que se activaba cada vez que se le acercaba. El hombre no volvió a acercarse a la joven hasta el 21 de septiembre de 2024, cuando ya le habían sacado el aparato de control.

El 22 de octubre F. volvió a denunciar a F.A.P porque continuaba presentándose en su casa. El 24 de octubre la jueza emitió una orden de alejamiento, medida que fue incumplida por el acusado la noche del 28 de octubre donde se acercó a la casa de la joven preguntando por ella. Un vecino filmó la situación y rápidamente se viralizó en redes sociales. El 30 de octubre F.A.P fue detenido.

Ayer la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma presentó ante la jueza Méndez una serie de evidencias, entre ellos, la declaración de la víctima y de testigos y videos que confirman que el imputado se había presentado en la casa de la denunciante.

Además mencionó el informe de un examen psíquico que le realizó un psiquiatra del Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal a F.A.P el 31 de octubre. “Se presenta el imputado vigil, coherente, orientado en tiempo y espacio con conciencia de situación, sin problemas sensoperceptivos. No presenta signos ni síntomas de enfermedad mental aguda en curso. Al momento actual posee la capacidad mental suficiente para participar activamente en el proceso judicial en curso”, citó Ledesma al finalizar su acusación.

Declaración

Luego de escuchar la imputación en su contra, F.A.P hizo su descargo. “Quisiera aclarar que a mí jamás se me ha dejado hablar con ella. Hace siete años que no la veo y las primeras dos veces que la vi fue hace nueve años. Jamás dejó que me expresara y jamás demostré ser una amenaza. Yo solo he querido disculparme; es algo que necesitaba hacer por mí y por mi familia. Le pido disculpas”, sostuvo mientras era acompañado por sus defensores Sebastián Púmara y Juan Manuel Molina.

La representante del MPF solicitó que el hombre fuera sometido a 40 días de prisión preventiva para cautelar el proceso y especialmente a la víctima mientras avanzan las medidas investigativas. “Nos encontramos con características que hacen especialmente gravoso al hecho. La víctima manifestó que hace más de una década el acusado la amedrenta. Relató acciones determinadas durante los años 2012, 2015, 2016, 2017 y 2024. Nos encontramos frente a un hecho cometido en un contexto de violencia de género y considero que fue totalmente planificado, es decir, no hubo una decisión apresurada donde el imputado pasó por casualidad cerca de la casa de la víctima y decidió parar”, argumentó Ledesma.

Los querellantes, Patricia Neme y Patricio Char respaldaron el pedido del MPF. “Consideramos que corre peligro la vida de F. Esto no es para que se tome como una exageración sino que lo decimos con respecto a lo que la sociedad tucumana viene experimentando a lo largo de los años con casos similares. Le podemos su Señoría que tome cartas en el asunto porque Punturo no solamente tiene un desprecio por las mujeres y la autoridad judicial sino porque no pretendemos terminar lamentándonos a que atente contra su integridad física”, plantearon.

Púmara se opuso a la preventiva y alegó que su pupilo no se encuentra en condiciones de ser alojado en una comisaría o en el penal. “En base a su condición mental solicitamos que sea trasladado hacia el hospital Obarrio para su internación, su cuidado y el tratamiento de su enfermedad. Él presenta un diagnóstico de trastorno esquizofrénico con componentes depresivos, lo que hace que no sea agresivo para con los de afuera, pero que pueda llegar a serlo consigo mismo. Acá lo que se hizo fue estigmatizar y discriminar a una persona con discapacidad”, dijo el defensor.

Finalmente, la magistrada Méndez dispuso que sea trasladado al hospital Obarrio y sometido allí a una evaluación por parte de un equipo interdisciplinario. Si no se aconseja internación por sus condiciones de salud mental, deberá cumplir arresto domiciliario por 15 días.