La Justicia argentina emitió este martes una alerta roja a Interpol contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios chavistas acusados de cometer delitos de lesa humanidad. La medida fue presentada por el juez federal Sebastián Ramos, a cargo del expediente, en línea con el pedido de captura que el magistrado ordenó a fines de septiembre, por instrucción de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
"Lo que hizo el juez fue transmitirle a Interpol que tiene que ‘anotar’ las órdenes de captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y 30 funcionarios más del gobierno de Venezuela", afirmó Tomás Farini Duggan, uno de los abogados de la querella en la causa, en diálogo con el diario La Nación.
La alerta roja, sin embargo, no es vinculante. Interpol debe decidir si toma o no la alerta del magistrado. La querella tiene previsto presentarse ante la policía internacional como víctima y presionar para que esto ocurra. "En el caso de Maduro es muy difícil -la detención-, por las inmunidades parlamentarias que tiene respecto de él, pero de todas maneras lo vamos a intentar. Hay que dar esta lucha para que se anoten las alertas rojas", agregó el letrado.
"Creo que es importantísimo que un país donde hay una justicia independiente, como la argentina, haya dicho que lo que ocurre en Venezuela es que no hay un gobierno, sino que hay una banda armada que comete actos de terrorismo de Estado", sostuvo.
Aumenta la presión contra el régimen chavista
Aún si Interpol tomara nota del pedido de la Justicia argentina, los distintos Estados que integran y componen al organismo tampoco están obligados a capturar a Maduro y sus funcionarios, según le explicaron a este medio fuentes con acceso a la causa. En algunos Estados miembros, la alerta roja es vinculante y en otros opera como si fuera una recomendación para actuar.
El juez Ramos fue instruido a librar la orden de captura por la Cámara Federal, luego de que los jueces de la Sala I, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, escucharan en una audiencia el testimonio de quienes fueron presentados como víctimas del régimen venezolano.
Los camaristas concluyeron que hubo un plan sistemático de represión y desaparición de personas por parte de las autoridades venezolanas encabezadas por Maduro, por los menos, desde 2016.