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Por el vencimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo un prestamista conocido como “Ismael” (38), la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I pidió ayer una audiencia de prórroga de las medidas de coerción de máxima intensidad.
Está acusado de prestar dinero percibiendo intereses desproporcionados, aprovechándose de la necesidad económica, la inexperiencia y la ligereza de las personas que recurrían a él. Asimismo, les retenía sus tarjetas de débito y documentación.
Por delegaciones de la titular, María del Carmen Reuter, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, acompañada por la instructora Justina Cardona Delaporte, reformuló los cargos (delito de usura agravada por la habitualidad -en cinco oportunidades- en concurso real con el delito de extorsión), por los hechos ocurridos en septiembre del 2020, enero del 2021, mayo del 2023, enero del 2024, junio del 2024 y 23 de octubre del 2024.
Otras víctimas
“Desde aquel 25 de octubre (cuando se formularon cargos por el primer hecho) hasta la fecha, la Fiscalía pudo recabar el testimonio de otras víctimas (que hacen un total de seis), por lo tanto, se sumó un agravante a la calificación inicial que tiene que ver con la habitualidad. El imputado lo hace cotidianamente y eso se vio reflejado no sólo con las declaraciones de las víctimas sino con aquellos testigos que lo señalan como prestamista y que se dedica a esta actividad ilícita (en virtud del alto nivel de interés que cobraba a cada una de sus víctimas)”, afirmó Bellomio por lo que solicitó la prórroga de la prisión preventiva por tres meses a razón de los riesgos procesales.
“Estamos en presencia de hechos graves donde no sólo les retenía las tarjetas de débito a las víctimas sino también los documentos de identidad. En cuanto a los préstamos, algunas de las víctimas han estado durante tres o cuatro años privadas de percibir por sí solos las asignaciones (la mayoría de los casos son personas que cobraban planes sociales). El acusado iba al banco a cobrarles y después les dejaba el resto del dinero sin que supieran cuál era el total”, agregó la representante del MPF. Por los peligros procesales expuestos, el juez ordenó la prórroga de la medida pero por el plazo de 31 días (con vencimiento el 15 de diciembre), haciendo lugar de manera parcial al requerimiento fiscal. Por su parte, la defensa hizo reservar de impugnar lo resuelto (pidió arresto domiciliario).
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