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Tras las denuncias de irregularidades, Desarrollo Social explicó cómo es el procedimiento para la entrega de mercadería
El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, presentó detalles del procedimiento que utiliza su cartera para la distribución de mercadería destinada a comedores y organizaciones sociales, en medio de denuncias sobre su presunto uso irregular. El ministro defendió la transparencia de los controles, pero reconoció que algunos actores han encontrado formas de burlar el sistema.
“La mercadería es entregada a organizaciones con personería jurídica que cumplen un rol social. Contamos con mecanismos estrictos que incluyen cruces de datos, rendiciones físicas y digitales, y controles aleatorios, incluso los fines de semana”, aseguró Masso. Para ilustrar el procedimiento, se mostraron expedientes y firmas que documentan las entregas realizadas.
Sin embargo, el funcionario reconoció que se investiga el caso de un dirigente detenido en un allanamiento donde se secuestró mercadería estatal en su domicilio. “Esta mercadería fue retirada por su padre, quien lidera una organización civil. No permitiremos que estas irregularidades empañen el trabajo que beneficia a 137.000 familias tucumanas”, subrayó.
DOCUMENTACIÓN. La Justicia deberá analizar una serie de anotaciones encontradas en cuadernos, para determinar si tienen relación con un posible venta ilegal de mercadería.
Denuncias de uso político y venta ilegal
A pesar de los controles mencionados, vecinos y organizaciones han señalado casos donde la mercadería no cumple un fin social. LA GACETA relevó testimonios de vecinos que identificaron a dirigentes políticos utilizando los recursos con fines electorales o, en el peor de los casos, para su venta particular.
“Hay quienes arman asociaciones civiles como fachada para obtener mercadería. Algunos realmente la distribuyen, pero otros la usan con fines políticos o la venden. Esto es inaceptable”, indicaron vecinos de la zona.
El ministro reconoció estas preocupaciones y señaló que el caso está en manos de la Justicia. “Hemos brindado toda la información a la fiscalía y estamos comprometidos a que los responsables enfrenten el peso de la ley. No vamos a tolerar que lo que pertenece a los más vulnerables sea utilizado para beneficios personales”, dijo Masso.
Pedido de informes y rol de la oposición
La situación generó críticas desde la oposición, que ha anticipado un pedido de informes en la Legislatura. El ministro afirmó que está dispuesto a responder a todas las consultas y a mostrar evidencia de los controles realizados.
Aunque el gobierno insiste en que los mecanismos de supervisión son rigurosos, este caso uso en evidencia la necesidad de fortalecer aún más las barreras contra el mal uso de recursos públicos.
“A pesar de los controles, han encontrado formas de sortear el sistema. Es nuestra obligación identificar y corregir estas fallas para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”, concluyó Masso.
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