El sueño inmóvil del sur tucumano

“El sur tucumano está en continuo movimiento y cada vez en peor situación”, dijo en 2017 Pablo García, entonces funcionario nacional del Sinagir (Sistema de Gestión Integral del Riesgo), para explicar lo que pasaba en localidades como La Invernada y La Madrid, sacudidas desde hace años por las correntadas de verano y sometidas al riesgo constante. García expuso el informe que daba cuenta del relevamiento durante varios meses con drones en toda la zona que va desde la parte alta de la ruta 38 (donde está la Invernada) y la parte baja, de la ruta 157, 40 kilómetros al este, donde están las poblaciones más bajas de la Provincia, cercanas al embalse Frontal, como La Madrid o Sol de Mayo. El informe se dio a propósito de la gran movida que hubo después de la tremenda inundación del río Marapa que se tragó a comienzos de ese año casi toda La Madrid, causada por el desmanejo de la cuenca del río San Francisco, cuyas aguas van a dar al Marapa por un canal artificial.

Casas sobre pilotes

Ese movimiento continuo al que hacía referencia es el cambio en los suelos que se fue dando en los últimos 40 años, que ha obligado a los pobladores de muchas localidades de Chicligasta, Aguilares o Domingo Millán (La Invernada) o Niogasta (entre otras partes) a construir casas montadas sobre pilotes. O a buscar estrategias para hacer frente a las crecientes. En Niogasta, pueblo ya perdido, mucha gente vive en un albergue durante gran parte del año, con sus viviendas anegadas. En Alto el Puesto -unos tres km al este de La Invernada- ya trasladaron una escuela que fue devorada por el socavón producido por la correntada. Y el socavón se fue moviendo y ahora está cerca del nuevo edificio escolar.

En La Madrid, que no volvió a padecer una inundación salvaje como la de 2017, igual cada temporada miran al cielo cuando se nubla. “A nosotros nos duele el río. La Madrid es un pueblo resiliente. En otros lugares puede haber crecidas pero acá no va a ser cualquier inundación. Nos lleva el río”, dijo la vecina Lidia González de Correa, que el año pasado estuvo en un gran encuentro que se hizo en la Legislatura, por gestión del entonces funcionario del plan Belgrano Sisto Terán, para ver qué se había hecho en los seis años que habían pasado desde la catástrofe.

En 2017 se había conformado una “Comisión de Emergencia para el tratamiento de la problemática de inundaciones en el sur de la provincia de Tucumán, este de Catamarca y Río Hondo” para tratar y evaluar el problema y las acciones para el futuro. Trabajaron todos los organismos con jurisdicción en temas hídricos y viales, nacionales y provinciales, secretarías de Estado de la provincia, Unidad Plan Belgrano, tres facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, el Ejército y el Orsep (Organismo Regional de Seguridad de Presas).

Estudios y pautas

Se hizo un relevamiento para un plan hidrológico de la cuenca -la vecina González de Correa dijo que lo tiene-; una consultora de Colombia hizo un estudio con drones para aconsejar cómo se debía tratar con los 147 propietarios que ocupaban toda la zona entre los ríos San Francisco y Marapa, que habían reemplazado los bañados por cultivos y que habían llenado de canales que desviaban las aguas -el más famoso es el “canal Sánchez”, por el que se desviaron las aguas de esa correntada salvaje. La consultora dio pautas de cómo había que trabajar con los agricultores. En ese marco se presentó una propuesta para recomponer los bañados y se trabajó en un acuerdo para resolver los problemas de la cuenca, ya que gran parte del descalabro tiene que ver con el desmonte arriba en las montañas de Catamarca, en El Alto, donde muchos productores tucumanos desmontaron para sembrar soja y papa.

Lo que costó la emergencia

También se estudió -se intentó determinar medianamente- lo que había costado la emergencia. La Provincia había pedido unos 800 millones de pesos de entonces a la Nación. Jorge Devalis, asesor de la Provincia, calculó en 2017 que en los 40 días posteriores a la inundación se gastaron 400 millones de pesos en ayuda, incluyendo raciones de comida, limpieza de canales, pérdidas de producción del agro, desvíos por corte de ruta, más reposición de medidores y cables de energía en EDET, más trabajo de 700 personas y mobiliario y electrodomésticos enviados por Desarrollo Social, así como la ayuda solidaria de los tucumanos, Y las pérdidas de las mismas viviendas y la destrucción de tres escuelas. Los proyectos del plan de contingencia para la emergencia -badenes, encauces, defensas, limpieza del río Marapa- fueron calculados entonces en $ 43,3 millones.

En el encuentro del año pasado, hubo exposiciones de tareas que se estaban haciendo como un plan piloto con algunos productores para cultivo sustentable e incluso vinieron funcionarios del Banco Mundial para ofrecer un programa con el cual se iba a poder reconstruir los bañados.

¿Que quedó de todo eso? A los proyectos les cayó en diciembre pasado la restricción total de obras del nuevo Gobierno nacional, pero ya estaban inmóviles. El acuerdo con Catamarca nunca pasó de palabra. “Era totalmente político. Era inocuo. Duró un año y medio”, reniega Eduardo Martel, vicedecano de Ciencias Exactas, que fue uno de los motores de la comisión, y que en aquel entonces había recordado el gran esfuerzo que se hizo hace tres décadas para hacer un programa hidrológico que, aunque se hizo, nunca pasó de expresión de deseos por falta de financiamiento.

¿Hoy qué vemos? Que el río San Francisco está tan abandonado como en 2017. Así dieron cuenta hace 15 días los vecinos de los poblados junto a la ruta 334 -destruida a lo largo de 28 kilómetros-, muchos de los cuales quieren irse, hartos de estar aislados en temporada de lluvias. Lo mismo contaron hace un mes y medio los vecinos de las cercanías de Alto El Puesto, que hicieron puentes entre los canales por donde el agua avanza salvaje.

Ahora el Gobierno acaba de anunciar que se invertirá unos $ 1.200 millones para mitigar las inundaciones, sobre todo en jurisdicciones del sur y del este de la provincia -precisamente las zonas de que estamos hablando- y que se constituirá un comité entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía de Estado y la Dirección Provincial del Agua, para monitorear que los propietarios de campos privados eviten anegamientos en sus terrenos con drenajes hacia los caminos rurales. Que es, básicamente, lo que ha venido pasando en las últimas cuatro décadas en estas zonas. Eso fue reclamado en 2018 por el ex obispo de Concepción, monseñor José María Rossi, cuando dijo que “si uno va al cerro y tala el bosque es responsable de lo que pase después, sea que le hayan dado autorización oficial o sea que no se la hayan dado”, y pidió al Poder Ejecutivo que investigue si hubo mala praxis por parte de funcionarios estatales; a la Legislatura que sancione normas correctamente; y a la Justicia, “señalar, juzgar, castigar y hacer pagar” a los responsables de que el pueblo haya quedado bajo el agua. Nada se hizo.

¿Alcanzará con los $ 1.200 anunciados por el Gobierno para empezar a cambiar las cosas? “Acá han venido a anunciar el plan Prelluvia”, dijo la señora González de Correa. “Pero todo está en punto muerto”. Es que el suelo está en movimiento, pero los proyectos han quedado inmóviles.