Cuando el botín de un delito se convierte en una herramienta para ayudar

“El que las hace las paga”. La frase, si bien es un caballito de batalla de la actual ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, es antiquísima. Se remonta, según los boca en boca, al siglo XV y se la adjudica a Enrique IV, hermano de Isabel, la Católica, en una época en la que las traiciones palaciegas estaban en auge y el entonces rey de Castilla la pronunciaba cada vez que ordenaba la ejecución de un adversario. No hacen falta demasiadas explicaciones, pero sucintamente advierte que las personas son responsables de sus acciones y como tales deben asumir las consecuencias de su comportamiento. Pero generalmente el castigo suele quedarse en una cuestión punitiva que tiene que ver intrínsecamente con la actuación de la Justicia. Ante un delito, una pena privativa de libertad. Sin embargo hay otra forma de pagar, de reparar, y tiene que ver con devolver a la sociedad algo del botín obtenido delictivamente. Y es allí donde bajo el lema “Ayudemos a los que ayudan”, el Ministerio Público Fiscal utilizó el fruto de lo comisario para ayudar a más de yo se beneficiaron más de 1.000 instituciones de bien público.

El programa se lanzó en el contexto de lo que se denomina una justicia penal moderna y eficiente que sirve para transformar un proyecto solitario para resolver conflictos y generar impacto social.

El ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, advirtió que esta acciones apuntar a “devolver a la sociedad lo que el delito les arrebató”. El programa se lanzó en 2020 como una forma de darles un destino útil a la gran cantidad de bienes secuestrados, que históricamente no tenían ningún destino y se encontraban en depósitos perdiendo valor, para terminar muchos de ellos siendo destruidos. Esta acción se profundiza con la reforma del Código Procesal Penal en septiembre de 2020 que, entre sus modificaciones más importantes, presenta la de poder solucionar un conflicto penal, buscando soluciones alternativas. Esto significa que quien está acusado de un delito leve puede ofrecer reparar el daño que causó a la víctima y a la sociedad, comprando y entregando los insumos que muchas instituciones necesitan.

El 30 de julio de 2021 se creó el Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias que tiene como misión direccionar estos bienes a instituciones sin fines de lucro, visitar escuelas, fundaciones, clubes, hogares de niños y ancianos, centros comunitarios, comedores, iglesias, bibliotecas, albergues, centros de rehabilitación de adicciones, cooperativas, entre tantas otras, para conocer sus realidades y necesidades e incentivarlas a la presentación de proyectos sociales. Así, en 2021 se benefició a 71 organizaciones; en 2022 fueron 188 más; en 2023, 323 y en 2024 ya fueron 498 instituciones acompañadas, alcanzando así un total de 1.080. Como dato, de un muestreo de 570 acusados, de los cuales se analizaron sus antecedentes, pasado un año desde la fecha en la que cumplieron con la reparación, nueve de cada 10 no infringieron nuevamente la ley, durante el año siguiente.

Hasta hoy el Ministerio Fiscal recibió 1.390 proyectos de entidades sin fines de lucro que se traducen en proyectos integrales. De este modo, explicaron, se arma una cadena de solidaridad donde los recursos que el MPF brinda a un lugar, pueden volcarse a otro establecimiento más pequeño. Por ejemplo: bicicletas que estaban en desuso se destinaron a escuelas técnicas cuyos alumnos de 12 y 13 años, en su proyecto de Herrería, las reciclaron y transformaron en sillas de ruedas para destinarlas a una escuela especial o un centro de formación profesional de cocinero que recibió una batidora e insumos y lo producido (pan, facturas y medialunas) fue donado a un hogar de ancianos.

“A estos recursos había que darles un destino, es decir, devolverlos a la sociedad afectada por la infracción a la ley. Hoy vemos cómo se difunden noticias de los que hacen el mal, sin embargo, hay tantas instituciones que hacen el bien y sus acciones no se conocen y por eso pensamos que es necesario reconocerlas, porque sirven de ejemplo y de guía a nuestros jóvenes”, dijo Jiménez. Y agregó: “Son personas que se unen para ayudar, la mayoría de las veces, sin tener resueltos sus propios problemas y aún así dedican su tiempo, su esfuerzo y sus propios recursos. Esto fue creciendo. Es mucho más satisfactorio entregar que recibir. Este trabajo nos genera satisfacción y alegría porque con cada entrega podemos ayudar”.

Algunas cifras

Esteban Duhalde, coordinador del Equipo de Políticas Reparatorias del MPF, indicó que: “en este tiempo se logró que 3.940 infractores se hayan responsabilizado de sus actos y que el daño ocasionado haya vuelto a la comunidad para fortalecer a estas instituciones que tanto lo necesitan”. A la fecha, informó, 1.080 organizaciones se han beneficiado, 725 recibieron los insumos necesarios para sus actividades, otras 352 han recibido un vehículo y tres casas que fueron decomisadas al narcomenudeo y entregadas a organizaciones están utilizándose en la recuperación de adictos.