Se mueve la causa de los medicamentos a los jubilados

El fiscal Federal, Antonio Gustavo Gómez, pidió que se analice y resuelva la medida cautelar solicitada por el diputado nacional, Carlos Cisneros, para frenar las restricciones del PAMI y garantizarles a los jubilados la continuidad del acceso gratuito a los medicamentos. El miembro de la Cámara baja nacional, que pertenece al bloque de Unión por la Patria (UP), había reclamado a la Justicia Federal que dejara sin efecto las disposiciones de la obra social de los jubilados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Sucede que Cisneros había apelado la decisión de Guillermo Díaz Martínez, el juez Federal que decidió remitir el amparo a Mendoza argumentando que en la justicia cuyana se encontraba en tratamiento una causa similar. Gómez, en tanto, se expidió remarcando que el juzgado de Tucumán fue el primero en intervenir y, basándose en el orden de prelación temporal, debería ser el competente para entender la causa. El fiscal solicitó que se revoque la decisión del juez de primera instancia, se declare la competencia del juzgado tucumano y se ordene la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.

Asimismo, Gómez destacó la urgencia del caso asegurando que “se encuentra comprometido el derecho a la salud de personas mayores”, invocando a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en este caso se aplica para la solicitud tucumana. Ahora, será la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán la que deberá resolver y definir sobre la competencia del caso y la procedencia de la medida cautelar solicitada por el diputado Cisneros.

Cisneros interpuso el recurso en su carácter de secretario de Administración de la Asociación Bancaria Nacional, “entidad que defiende los derechos de personas integrantes del grupo o colectivo afectado”, como así también en su carácter de miembro de la comisión directiva de la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario (Redecu). Firman el planteo además la titular local de la Bancaria, Cecilia Sánchez Blas, y la abogada Patricia Neme. Por ese motivo, pidió a la Justicia que se ordene al PAMI a garantizar a las personas afectadas (quienes perciban más de $390.000 de jubilación) el acceso a medicamentos indicados y la cobertura de los mismos, en forma simple, oportuna y de conformidad con las normas vigentes.