29 Enero 2025
¿Más seguridad o más violencia? El debate por el uso de pistolas Taser en Tucumán
El gobierno de Tucumán anunció la adquisición de 100 pistolas Taser para dotar a la Policía, lo que desató un intenso debate sobre el impacto de esta medida en la seguridad pública. Desde la Asociación Andhes, Florencia Vallino, su directora ejecutiva, manifestó a LA GACETA su preocupación y cuestionó cómo se regulará el uso de estas armas.
“Venimos viendo con preocupación cómo el uso de la fuerza en Tucumán se da de manera desproporcionada, irracional e innecesaria. La compra de estas pistolas electrónicas, que si bien son catalogadas como armas menos letales, nos plantea la pregunta de cómo se utilizarán en un contexto donde la fuerza de seguridad actúa con excesos”, señaló.
Según la representante de Andhes, la principal preocupación radica en la falta de capacitación adecuada y en la proporcionalidad del uso de la fuerza en los operativos policiales. “Hoy vemos despliegues desmedidos, como las razzias masivas que ocurren cotidianamente en nuestra provincia. La pregunta es: ¿qué garantías tenemos de que estas armas no serán utilizadas de la misma manera?”, cuestionó.
En este sentido, recordó antecedentes preocupantes en la historia reciente del país. “Tenemos el caso Bulacio, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza. Hoy, en Tucumán, seguimos recibiendo denuncias sobre detenciones injustificadas, maltratos y golpes, especialmente contra trabajadores informales y jóvenes en barrios vulnerables”, aseguró.
Pistola Taser
Apoyo
Sobre la percepción de la ciudadanía que apoya estas medidas en busca de orden en las calles, Vallino advirtió: “El uso de la fuerza debe estar regulado por estándares que limiten el poder punitivo del Estado. Si la policía está habilitada a usar violencia sin controles, cualquiera de nosotras podría ser víctima de esos abusos”. Además, señaló que las Taser, si bien no letales, pueden causar graves consecuencias si no se emplean con criterio.
Por otro lado, Vallino también se refirió a las recientes restricciones en los complejos penitenciarios de Benjamín Paz y Delfín Gallo, donde se han denunciado obstáculos para la supervisión de condiciones carcelarias. “La Comisión Provincial contra la Tortura ha tenido impedimentos para observar la situación de los internos. Esto es grave, porque priva a las personas detenidas de un mecanismo de denuncia efectivo”, afirmó.
Según testimonios de familiares de internos, las visitas en los penales han sido restringidas, con largos tiempos de espera y sin contacto directo entre los detenidos y sus seres queridos. “Nos preocupa que se incumplan los estándares de derechos humanos. Las condiciones actuales afectan el vínculo con sus familias y vulneran sus derechos fundamentales”, advirtió Vallino.
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