Por Martín Soto
20 Febrero 2025
EN LOS VALLES. El Gobierno justifica la creación de la Unidad Ejecutora en la protección de los terrenos fiscales.
La Provincia avanza y ratifica su decisión de recuperar por vía judicial todas aquellas tierras fiscales que desde el punto de vista oficial han sido tomadas de modo irregular. El gobernador Osvaldo Jaldo creó mediante Decreto Acuerdo la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural.
La determinación se comunicó en medio del conflicto legal que se desarrolla por tierras fiscales de la Reserva La Angostura (El Mollar) y luego de que se diera a conocer en LA GACETA que la Provincia perdió 10 hectáreas del Loteo La Quebradita (Tafí del Valle) y que hay otras 46 hectáreas bajo amenaza. En la Legislatura, en tanto, se presentaron pedidos de informes por el último tema (ver aparte)
El mandatario, en acuerdo de su Gabinete, firmó el Decreto Acuerdo 4/1 para crear la Unidad, con nivel de dirección, en dependencia de la Fiscalía de Estado que encabeza Gilda Pedicone de Valls. Plasmó en el documento que la necesidad “se enmarca en la urgencia de incrementar su eficiencia y eficacia en la gestión de gobierno, en relación a la tramitación de causas en las jurisdicciones provincial y nacional, en las que el estado provincial sea parte, en materia de protección del patrimonio provincial, el medio ambiente y la biodiversidad”, se argumentó.
El documento fue rubricado por Jaldo y por los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia); Daniel Abad (Economía y Producción); Luis Medina Ruiz (Salud Pública); Susana Montaldo (Educación); Darío Monteros (Interior); Federico Masso (Desarrollo Social); Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); y Federico Nazur (Obras y Servicios Públicos).
Misión y funciones
El Decreto Acuerdo establece que la Unidad del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural tendrá como misión supervisar y coordinar la ejecución de acciones jurídicas en materia de protección del patrimonio provincial, el medio ambiente y la biodiversidad.
En cuanto a las funciones, son siete las que se fijaron en el decreto:
1.- Entender, conforme lo indique la superioridad, en el inicio y tramitación de causas en las jurisdicciones provincial y nacional en las que el Estado provincial sea parte, en materia de su competencia.
2.- Promover las causas civiles y penales para hacer efectiva la integridad y recupero de los inmuebles y bienes del Estado provincial.
3.- Procurar la constitución de comités interministeriales de prevención y monitoreo del patrimonio provincial.
4.- Supervisar las estrategias procesales en los juicios en que la Provincia intervenga, en materia de protección del patrimonio provincial, el medio ambiente y la biodiversidad.
5.- Coordinar sus acciones con los organismos que correspondan en materia de su competencia.
6.- Informar a la superioridad del estado general de las causas que se tramitan, controlando la recepción de las notificaciones pertinentes.
7.- Distribuir, entre los letrados apoderados, las causas judiciales para su atención, en materia de su competencia.
Antecedentes recientes
Como consecuencia de lo ocurrido en las inmediaciones de la Reserva Natural La Angostura, donde la Provincia finalmente logró recuperar un sector que llevaba casi 10 años usurpado, se conoció que hay unas 50 hectáreas del Loteo La Quebradita (Tafí del Valle) por las que privados mantienen litigio con el Estado desde hace años. De hecho, en 2017 la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) falló en contra de la Provincia y resolvió declarar adquiridas por los demandantes unas 10 hectáreas valuadas en U$S 3,5 millones (según cotización de julio de 2024).
El legislador Manuel Courel.
Ecos en la Legislatura: Courel pidió informes por La Quebradita
El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) presentó pedidos de informes para que se solicite a la Fiscalía de Estado y a la Dirección de Catastro precisiones respecto a unas 10 hectáreas que el Estado perdió en un juicio por prescripción adquisitiva por “orfandad de pruebas” (valuadas en unos U$S3,5 millones) y otras 45 hectáreas que están amenazadas. Remitió notas a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales que preside Javier Noguera. “Acá ha habido complicidad. O cuanto menos, negligencia. Lamentablemente, estas 10 hectáreas ya casi están perdidas. Quedan otras 40, con las mismas condiciones”, expresó Courel.
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