07 Marzo 2025
La audiencia no sólo sirvió para que la Provincia pueda recuperar las tierras de la Reserva Natural La Angostura, sino que también se conoció que el fiscal Miguel Varela decidió agravar la acusación en contra de las personas que estuvieron detrás del emprendimiento inmobiliario.
La fiscal de Estado Gilda Pedicone decidió, a mediados de enero, denunciar a las personas que estaban detrás de este emprendimiento inmobiliario y a todas aquellas que surgieran en la investigación. A las pocas semanas, el fiscal de feria Miguel Varela descubrió que se había montado una especie de “inmobiliaria que se dedicaba a vender tierras fiscales” aprovechándose de sus contactos para usurpar propiedades que luego eran comercializadas.
Según la teoría del fiscal, la organización habría elegido un terreno que tenía algún tipo de problemas de titularidad. Luego, utilizando oficinas del Estado para falsear documentación, vendían lotes sin que los compradores supieran de ese ardid.
Los señalados son:
1- Juan Pablo Castro: el supuesto titular del emprendimiento que asegura ser el verdadero titular de las tierras que recibió como indemnización por años de servició a una compañía azucarera de la provincia. Toda la documentación está a su nombre.
2- Rafael Trujillo: empleado de la desaparecida subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat que le habría ofrecido la comercialización de las tierras a Castro. El sería el desarrollador del proyecto y por realizar ese trabajo habría conseguido la cesión del 20% de las tierras.
3- Maximiliano Barreiro: empleado de la misma repartición que presentó los planos proyecto en la Dirección General de Catastro que nunca fue autorizado. En una declaración enviada a LA GACETA señaló que él hacía ese trabajo por pedido del titular de la repartición y al ser un trabajo independiente, cobraba por sus servicios.
4- Fernando Rogel Chaler: el ex titular de Dominio Territorial quedó involucrado por haber firmado documentación en la que se informaba que Castro había iniciado los trámites de la escrituración de sus tierras. El ex funcionario dijo que le habían falsificado la firma.
5- Yanina Mamaní: nuera de Trujillo que habría ayudado en la comercialización de los terrenos. La señalada firmó varios boletos de compra venta.
6- Damián Romano: nieto político de Castro. Habría tenido participación en la venta de los terrenos y, por un acuerdo con los desarrolladores, tenía una especie de exclusividad para realizar trabajos de albañilería.
7-Jorge Cruz: el suspendido comisionado de El Mollar quedó bajo investigación por haber dado la factibilidad de la instalación del servicio de agua al “Loteo Gaucho Castro” en 2023, cuando en realidad debería haberlo hecho para que sea autorizado. También cobró tasas a pesar de que se trataban de tierras fiscales. Su defensor Ernesto Baaclini aseguró que todas las gestiones que realizó fue con autorización y que no existía plano alguno que le advirtiera que se hayan tratado de tierras fiscales.
Cambios
Al terminar la feria, el expediente quedó en manos de la fiscala Mónica García. Al pasar más de tres semanas y no registrar ninguna novedad en la causa, el ministro fiscal Edmundo Jiménez ordenó que Varela vuelva a hacerse cargo del caso. El investigador le había informado a los señalados que lo investigaría por usurpación y estafas reiteradas.
Después de analizar la poquísima prueba agregada durante casi todo febrero, (fuentes judiciales informaron que perdieron el turno para que unos 50 celulares sean analizados) Varela decidió agravar la acusación. “Firmé un decreto a los fines que los mencionados sean investigados por los delitos de usurpación, estafa, asociación ilícita, negocios incompatibles con la función pública, y el delito de falsedad ideológica de instrumentos. Todo porque utilizaron un ardid para contactar a compradores de un negocio ilícito”, adelantó en la audiencia. Fuentes de Casa de Gobierno indicaron que la Fiscalía de Estado, que tiene el rol de querellante en la causa, acompañará el pedido.
En el mismo debate, como lo había hecho en la resolución del 31 de enero, el juez Mario Velázquez cuestionó la lentitud del acusador. “La necesidad, hoy más urgente e imperiosa, de que el MPF delinee su teoría del caso, y solicite la formulación de cargos, donde quedarán delimitados los hechos que se investigan y la calificación penal de los mismos. Será la oportunidad procesal para que las personas acusadas de la comisión de un delito, sea cual sea, tengan el derecho y facultad de relatar ante el fiscal y el magistrado de la causa, su propia versión de los hechos, y la prueba en la que se sustentan”, finalizó.
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