24 Abril 2025
La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán amplió este jueves la acusación contra dos agentes de viajes de 36 y 38 años, en el marco de una causa que ya suma 18 hechos de estafa. Ambos imputados seguirán detenidos bajo prisión preventiva por al menos dos meses más, mientras se analiza la posible participación de otros cómplices.
Los acusados, que operaban mediante las firmas “Nice Turismo” y “Delfín Travel Turismo”, están señalados por haber engañado a múltiples víctimas con supuestos paquetes de viajes, sin contar con respaldo económico ni legal para ofrecer los servicios. Las oficinas desde las que operaban, ubicadas en Junín al 100 y José Colombres al 300, ya fueron desmanteladas.
Según explicó la auxiliar fiscal María Paula Bellomio, quien intervino en la audiencia en representación de la fiscala María del Carmen Reuter, muchos damnificados quedaron varados en el interior del país e incluso en el extranjero, como en Brasil. Además, advirtió que todavía hay personas que no han ratificado formalmente sus denuncias, lo que complica aún más el caso.
“El modo de operar fue sistemático y con un claro perjuicio patrimonial para las víctimas. Por eso, solicitaremos que la causa sea tratada como compleja”, sostuvo Bellomio, quien estuvo acompañada por la instructora Justina Cardona Delaporte.
Uno de los imputados, de 38 años, ya tiene antecedentes penales con una condena de tres años en suspenso. Además, figura en el Banco Central como un deudor de nivel 5, el máximo en la escala de riesgo crediticio. En su declaración, pidió disculpas a los damnificados y alegó: “Fue un error humano o de logística que se me escapó de las manos. Estoy dispuesto a devolver el dinero, aunque sea en cuotas o a través de depósitos judiciales”.
Durante la audiencia, una de las víctimas declaró que “jugaron con la ilusión, porque primero decían que cambiaban la fecha del viaje, cuando en realidad nunca existía ningún viaje”.
Tras escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió extender la prisión preventiva por otros dos meses mientras continúan las investigaciones, que podrían incluir el análisis de datos extraídos de un celular secuestrado.
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