01 Julio 2025
Una mujer acusada de utilizar un título falso para ejercer como enfermera en Tucumán evitará el juicio oral tras llegar a un acuerdo judicial que contempla una reparación económica y la realización de tareas comunitarias.
Así lo resolvió el juez interviniente al hacer lugar a lo solicitado por la defensa, en una causa por uso de documento falso investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Carlos Saltos. En la audiencia participó también la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás.
Según la acusación, el 6 de agosto de 2024 la imputada se presentó en la Dirección General de Fiscalización Sanitaria, División Registros y Matrículas del Siprosa, donde entregó un título que aparentaba ser oficial, supuestamente emitido por el Centro Educativo de Nivel Terciario N° 74 A.T.S.A. El documento aseguraba que la mujer había obtenido el título de Enfermería el 5 de septiembre de 2023, con una expedición fechada el 8 de febrero de 2024 en San Miguel de Tucumán.
Sin embargo, tras una revisión realizada por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (A.T.S.A.), se determinó que el certificado era completamente falso, tanto en contenido como en firmas. De acuerdo con la fiscalía, la imputada intentó engañar al sistema de salud provincial, afectando de manera directa la fe pública.
La causa fue calificada provisoriamente como uso de documento falso o adulterado en perjuicio de la fe pública, conforme a los artículos 296 en función del 292, segundo supuesto, y 45 del Código Penal.
En el marco de una propuesta de suspensión del juicio a prueba (probation), la acusada ofreció una reparación económica de $300.000, a pagarse en un solo tramo en la Oficina de Control de Probation de la OGA, además de comprometerse a realizar tareas comunitarias durante un año en la Federación de Asistencia para la Prevención y Recuperación de Adicciones (FAPRA), cumpliendo 16 horas semanales.
Entre otras condiciones, deberá fijar domicilio, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, y mantener contacto periódico con el órgano de control correspondiente. La Unidad Fiscal dictaminó favorablemente respecto a la suspensión del juicio, que se extenderá por el plazo de un año, quedando sujeta a control judicial el cumplimiento de todas las medidas acordadas.
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