El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

La Cámara de Diputados avanzó, nuevamente, con la aprobación de un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento universitario.

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La oposición logró en la sesión especial de ayer presionar políticamente un poco más al Gobierno nacional y dejarlo en la puerta de un nuevo veto. Por segundo año consecutivo, la Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento universitario, ante el reclamo del sector por el ajuste en las partidas y la situación derivada de contar con un presupuesto reconducido desde 2023.

El proyecto impulsado por los bloques de la oposición Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica cosechó 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en la votación general. Entre los votos a favor se contabilizaron seis representantes de la provincia en la Cámara baja. Roberto Sánchez, Pablo Yedlin, Carlos Cisneros, Gladys Medina, Elia Fernández y Agustín Fernández respaldaron la iniciativa. Por su parte, Mariano Campero, Paula Omodeo y Gerardo Huesen se anotaron entre las voluntades en contra.

RESPALDO. Seis representantes de Tucumán apoyaron la media sanción. RESPALDO. Seis representantes de Tucumán apoyaron la media sanción.

Se trata de una propuesta de características similares a la que fue sancionada el año pasado, meses después de la gran Marcha Universitaria. Sin embargo, esa norma fue vetada por el presidente Javier Milei y el oficialismo pudo sostener esa decisión en el recinto.

El Consejo Interuniversitario Nacional acercó, en el mes de mayo, a los diputados una nueva propuesta y los dictámenes pudieron firmarse recién antes del receso invernal. El proyecto, que ahora deberá tratarse en el Senado, tiene por objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.

De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tendrá que recomponer al 1 de enero de 2025, según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) “en el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde enero a diciembre del año en curso.

En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec en el mismo período.

“Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente”, agrega el articulado.

Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.

También se contempla que la Auditoría General de la Nación “realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control”.

Respuesta oficial

La cuenta oficial de LLA en la red social X reaccionó luego de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados por impulso de los bloques opositores. “El superávit no se negocia”, escribieron desde la cuenta del partido. Reforzaron así la posición del oficialismo en el debate en el que perdieron la votación.

Como el proyecto obtuvo media sanción y pasará al Senado, si se convierte en ley, el Poder Ejecutivo deberá incrementar las partidas que dirige a las universidades para su funcionamiento. No obstante, el presidente Javier Milei podrá vetarlo, como ya hizo con iniciativas similares.

El presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, fue el encargado de cerrar el debate sobre el tema y en ese instante dejó en claro la postura del Gobierno.

“Ninguno de los que ha hablado ha dicho de donde van a sacar los fondos. Lo que está haciendo el presidente Milei es único. Los argentinos lo aplauden. Está sentando las bases de una Argentina distinta. La que viene va a ser potencia de la mano del equilibrio fiscal. Si no tenemos plata no la gastamos. Ustedes gastan la que no tienen, sacan de un bolsillo para poner en otro”, argumentó Bornoroni.

Midieron fuerzas

Independientemente de los resultados evidenciados en el recinto, la sesión de ayer le sirvió tanto al oficialismo como a la oposición para analizar sus posibilidades de conseguir votos y empezar vislumbrar el futuro de los vetos aplicados por la Casa Rosada a la reforma previsional y la emergencia por discapacidad. Ninguno de los dos espacios pudo conseguir los dos tercios necesarios

La oposición logró el quórum necesario cuando 131 diputados nacionales se sentaron en sus bancas. A los integrantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, se le sumaron siete integrantes del bloque radical: Karina Banfi, Martín Tetaz, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Julio Cobos, Gabriela Brouwer de Koning y el representante local Roberto Sánchez.

Por su parte el bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo no aportó su número al quórum. En esta línea, Innovación Federal, otro bloque que también responde a las gobernaciones de Salta, Misiones y Río Negro, optó por la misma conducta.

El Garrahan

Con fuerte respaldo opositor, la Cámara de Diputados aprobó anoche también la ley que declara la emergencia pediátrica nacional y garantiza fondos adicionales para el hospital Garrahan. El proyecto fue votado en el marco de una tensa sesión especial impulsada por bloques no oficialistas, que avanzaron con una agenda legislativa contraria a los intereses del Gobierno nacional.

La iniciativa obtuvo media sanción gracias al apoyo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques provinciales y federales, que sumaron los votos necesarios para imponerse frente al rechazo del oficialismo. El proyecto contempla una asignación presupuestaria especial destinada a reforzar el funcionamiento del Garrahan y otros centros de salud pediátricos del país.

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