03 Septiembre 2025
Karina Milei y Spagnuolo.
La Justicia procederá a la apertura del teléfono celular de Daniel Garbellini, ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), desplazado de su cargo tras la difusión de los audios del ex director del organismo, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, Spagnuolo afirmaba: “Me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía”, en clara referencia a Garbellini.
Garbellini, quien se desempeñaba como director de Acceso a los Servicios de Salud y tenía bajo su órbita el programa Incluir Salud, entregó voluntariamente su teléfono a la Justicia. La apertura del dispositivo estará a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF).
El programa Incluir Salud, administrado por Garbellini hasta su salida, funciona como una cobertura médica para personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas y no cuentan con otra obra social. Mientras se conocían irregularidades en el manejo del programa, se recortaron miles de prestaciones y se interrumpieron pagos a profesionales y asistentes.
En los audios difundidos, Garbellini es señalado como el hombre que habría sido ubicado en Andis por Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, para ejecutar una supuesta red de cobros ilegales. “Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”, se escucha decir a Spagnuolo.
El análisis del teléfono, que se realizará este jueves, buscará determinar si existen mensajes, llamadas o archivos que puedan aportar pruebas relevantes para la investigación.
La causa, a cargo del juez Sebastián Casanello y con investigación delegada en el fiscal Franco Picardi, también involucra a los propietarios de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel. Hasta el momento, no han colaborado activamente con el proceso judicial.
Además, el fiscal solicitó informes a la Oficina Anticorrupción para saber si recibió denuncias previas vinculadas a irregularidades en el programa Incluir Salud. Según consta en la causa, varios prestadores del interior del país afirmaron que representantes locales del programa les exigieron pagos ilegales a cambio de liberar fondos de Nación hacia las provincias. Algunas de esas denuncias habrían sido elevadas a la OA, que ahora deberá informar si tomó conocimiento formal de los hechos.
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