Por Juan Manuel Montero
12 Septiembre 2025
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La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán dictó un fallo histórico al condenar al Estado provincial a pagar una millonaria indemnización a Mariela, la madre de Paola Estefanía Tacacho, la joven docente asesinada en octubre de 2020 por su acosador, Mauricio Parada Parejas. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad estatal por “falta de servicio” y señaló también la actuación deficiente del ex juez Juan Francisco Pisa, destituido tras el crimen.
La sentencia, firmada por los camaristas Juan Ricardo Acosta y María Florencia Casas, fijó una reparación de $36,4 millones más intereses, monto que deberá afrontar íntegramente la Provincia, aunque el ex magistrado Pisa fue responsabilizado en forma concurrente por un 10% del total. La Cámara calificó la actuación judicial como una “omisión grave” que vulneró tratados internacionales y constituyó una negación del derecho de acceso a la justicia de la víctima. “La totalidad del proceso penal que concluyó con la sentencia del 5 de junio de 2017 configura una falta de servicio, definida como una actuación irregular del Estado Provincial”, escribieron los jueces
En su voto, la jueza Casas recalcó la necesidad de juzgar con perspectiva de género, advirtiendo que la inacción judicial constituyó una vulneración de derechos humanos. “No basta con leyes modernas si en su aplicación se ignora el contexto de violencia contra la mujer”, afirmó. Recordó que el caso debía analizarse a la luz de la Convención de Belém do Pará y de las 100 Reglas de Brasilia, que imponen a los Estados un deber reforzado de protección frente a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el camarista Acosta enfatizó que la Provincia conocía fehacientemente la situación de riesgo que atravesaba Tacacho y no adoptó medidas eficaces. “El Estado incurrió en una clara falta de servicio que guarda una relación causal con el femicidio”, escribió en su voto, citando la doctrina de la Corte Interamericana en el caso “Campo Algodonero”. Para el magistrado, las trece denuncias presentadas por Paola eran una señal inequívoca que fue desoída por la Justicia y por las autoridades administrativas.
El fallo también analizó la actuación del ex juez Pisa, quien en 2017 sobreseyó a Parada Parejas en una causa por desobediencia judicial. Esa decisión fue considerada por los camaristas como un “acto jurisdiccional incompatible con el buen servicio de justicia”. “La conducta asumida por el juez, la falta de tratamiento de un proceso penal con violencia de género, el rechazo de la elevación a juicio y el sobreseimiento de Mauricio Parada Parejas permitieron la libertad del femicida para causar el ataque y posterior muerte de Paola Tacacho”, enfatizó la sentencia
Los jueces subrayaron que no se trató de un error aislado. “No se discute la potestad juzgadora, sino los errores in procedendo cometidos por el magistrado Pisa, que configuraron una defectuosa prestación del servicio de justicia”, remarcaron. Y agregaron, con dureza: “La actuación del Dr. Pisa significó una deficiente prestación del servicio de justicia en perjuicio de Paola Tacacho y de toda la comunidad”
La Cámara también marcó las fallas estructurales del Poder Judicial tucumano. Señaló que las causas contra Parada Parejas estuvieron dispersas en distintos juzgados, sin un registro que permitiera advertir la reiteración de denuncias. Esa fragmentación, sumada a la falta de prioridad en los plazos, generó -según el tribunal- “una sensación de impunidad que habilitó la repetición de la violencia”. El voto de Casas fue categórico: “Si se hubiera resuelto la causa en el plazo legal previsto y se hubieran actualizado los antecedentes penales, otro hubiera sido el derrotero de la causa y se podría haber evitado la reiteración del ataque”.
Un caso conmovedor
El caso de Paola Tacacho conmovió al país entero. El 30 de octubre de 2020, la joven de 32 años fue asesinada a puñaladas en pleno centro tucumano por Parada Parejas, un ex alumno que la acosó durante años. Tras el crimen, el agresor se quitó la vida en el lugar, cerrando la posibilidad de un juicio penal. Para entonces, Tacacho había atravesado un verdadero calvario judicial, con denuncias desestimadas o archivadas pese a las pruebas de hostigamiento.
Las consecuencias jurídicas del caso también fueron profundas. En 2021, la Legislatura de Tucumán abrió un juicio político contra Pisa, acusado de mal desempeño por su intervención en la causa de desobediencia judicial. El Jurado de Enjuiciamiento resolvió destituirlo el 25 de noviembre de ese año, subrayando que su accionar había sido incompatible con la tutela judicial efectiva. Esa destitución marcó un hito en la provincia: fue la primera vez que un juez era removido por su responsabilidad en un caso de violencia de género.
La sentencia también despejó dudas sobre la obligación estatal de responder patrimonialmente. “No existe en nuestro ordenamiento constitucional un principio de irresponsabilidad del Estado; la ausencia de una ley provincial específica no autoriza a suponer que el Estado pueda desentenderse de reparar el daño causado por su mal servicio”, aclaró el fallo. Y citando a la Corte Suprema, añadió: “El factor de atribución es objetivo; no hace falta la individualización del agente-persona física responsable, la imputación es directa en virtud de la teoría del órgano”
La indemnización reconocida a la madre de Paola incluye tanto el daño moral como el lucro cesante, calculado en función de los ingresos que la joven hubiera percibido de continuar ejerciendo como profesora de inglés. La Cámara detalló que la víctima, con apenas 32 años, tenía una vida laboral activa y que su madre, como única heredera, tenía derecho a esa reparación. “Se ha probado el lucro cesante futuro y el dolor inconmensurable de la pérdida”, afirmó el tribunal, cuya resolución no está firme ya que puede ser apelada en instancias superiores..
El fallo no solo resarció a la familia sino que también envió un mensaje de advertencia al sistema judicial: “la indiferencia estatal mata”. La Cámara dejó asentado que Paola no murió solo por el ataque de su agresor, sino también por la inacción de un sistema judicial que la desprotegió. La condena contra la Provincia de Tucumán marca un antes y un después: establece un precedente de alto impacto que obliga a jueces, fiscales y autoridades a actuar con celeridad y perspectiva de género frente a casos similares.
Las claves del caso
Monto de la condena: $36,4 millones más intereses, a favor de la madre de Paola Tacacho.
Responsabilidad: La Provincia de Tucumán debe pagar la totalidad; al ex juez Juan Francisco Pisa se le atribuye un 10% de la responsabilidad.
Fundamentos jurídicos:
El tribunal afirmó que “la totalidad del proceso penal que concluyó con la sentencia del 5 de junio de 2017 configura una falta de servicio”.
La responsabilidad del Estado se funda en la teoría del órgano, con un factor de atribución objetivo.
“No existe en nuestro ordenamiento constitucional un principio de irresponsabilidad del Estado”, remarcó la Cámara.
Actuación de Pisa:
“La conducta asumida por el juez (…) permitió la libertad del femicida para causar el ataque y posterior muerte de Paola Tacacho”.
Los jueces señalaron que su accionar constituyó una “deficiente prestación del servicio de justicia”.
Perspectiva de género:
El fallo reprocha que Pisa ignoró la Convención de Belém do Pará, las 100 Reglas de Brasilia y la Ley 26.485.
“Si se hubiera resuelto la causa en el plazo legal previsto y se hubieran actualizado los antecedentes penales, otro hubiera sido el derrotero de la causa”, advirtió la Cámara.
Antecedentes del caso:
Paola Tacacho denunció 13 veces a su acosador, Mauricio Parada Parejas, entre 2016 y 2020.
Fue asesinada el 30 de octubre de 2020 en pleno centro tucumano.
El agresor se quitó la vida en el lugar.
El juez Pisa fue destituido en noviembre de 2021 por mal desempeño.
Temas
Paola Estefanía Tacacho
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