Hubo reproches en la Legislatura por la “invasión de DNU” de parte del Poder Ejecutivo

Que tres de los 12 puntos debatidos -y aprobados- ayer en el recinto legislativo hayan sido Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo tensionó institucionalmente la penúltima sesión antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre. Legisladores opositores cuestionaron que el mandatario haya hecho uso ocho veces de esta herramienta constitucional en nueve meses de 2025, a pesar de que la Cámara se encuentra plenamente activa. Incluso, hay quienes ironizaron con que se vivía una “invasión de DNU” en el palacio espejado. El oficialismo señaló que, al margen de la forma, lo significativo es el fondo de las cuestiones que se persiguen

El DNU N° 6 fue firmado por el mandatario y su gabinete el 20 de agosto para sustituir los artículos 25 y 27 de la Ley de Ministerios (N° 8.450), a los fines de transferir las competencias relacionadas con la promoción del deporte al Ministerio del Interior. El DNU N° 7 se rubricó el 26 de agosto, para establecer un nuevo ordenamiento normativo para el servicio penitenciario de la provincia. Con dicho instrumento se derogó la Ley N°4.611, del año 1976, y se dispuso de un nuevo ordenamiento normativo de 193 artículos que se adosó en un anexo. Por último, el DNU N°8 (del 3 de septiembre), también modifica la Ley de Ministerios, pero para reasignar funciones, competencias y denominación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

El segundo de los decretos fue el que más controversias acarreó dado que avanza sobre una ley, con un nuevo marco normativo de 193 artículos, sin haber sido enviado como proyecto de ley por el Poder Ejecutivo (PE). De hecho, se ratificó pero con votos negativos y una abstención.

En contra de las formas

Los primeros cuestionamientos institucionales brotaron con el DNU por la promoción del deporte. La concepcionense Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) se preguntó “¿cuál es la catástrofe para que haya un DNU para deportes?”. Claudio Viña (Compromiso Tucumán) fue mucho más duro y enumeró todas las actividades que hay a diario en la Legislatura. “Me pregunto con qué necesidad estamos sufriendo esta invasión de DNU. En lo que va del año recibimos ocho DNU, cuatro en periodo ordinario y cuatro en el receso, pero dos o tres días previo a volver. En 2024 fueron seis, cuatro en el periodo ordinario. Estamos exacerbando la emergencia, que tiene que ser una excepción”, lanzó y opinó que la Cámara se comporta de forma dócil.

El presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, advirtió que aquel DNU fue firmado durante el receso de la Legislatura. Consideró que es algo positivo y que es una necesidad de la que el Estado no estuvo ausente.

En cuanto al DNU N° 7, que deroga una ley de un gobierno de facto y redefine los roles y funciones del personal penitenciario, el oficialismo defendió el fondo de la cuestión. Destacó que se da lugar a un régimen moderno y ponderó que es una política de Gobierno invertir en seguridad y solucionar la crisis carcelaria. Además, Álvarez, Carlos Najar y Gerónimo Vargas Aignasse señalaron que es completamente subjetivo lo que es urgente para un gobernador y que hay que hacer foco en lo sustancioso de una medida que beneficia a los tucumanos más que en la forma.

“En esta oportunidad es una barbaridad que nos manden un DNU”, se quejó Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán). Consideró que en los fundamentos del decreto girado a la Cámara no avalan la vía de excepción y dijo que tampoco se entiende por qué no se envió como proyecto de ley. “Tiene que entender el señor que está en la 25 de mayo que no es comisario, es gobernador, y por lo tanto tiene que respetar a la Legislatura”, disparó. Manuel Courel (Cambia Tucumán) consideró que es un antecedente nefasto y Nievas opinó que era una suerte de autofagia del oficialismo dado que tiene mayoría en la Cámara. José Cano (Radicalismo Federal) consideró que no se justificó que el cambio sea por DNU y en la votación se abstuvo dado que consideró que en el marco normativo hay errores y un decreto no se puede modificar (se aprueba o se rechaza).

Seguridad integral

Vargas Aignasse hizo un extenso desarrollo de las medidas que viene tomando el justicialismo en materia de seguridad: desde el nuevo Código Procesal Penal, el aumento de condenados, la nueva cárcel y la disminución de los delitos. “El gobernador tomó la materia de seguridad de manera integral”, subrayó. Y agregó: “no entender que es necesaria urgentemente esta ley es no entender la pata más importante de seguridad”.

Álvarez, por su parte, remarcó que la ley que se derogó era arcaica y que se puede cuestionar la forma, pero no el fondo. Remarcó que la Cámara no es una escribanía y que el oficialismo no impone ninguna mayoría. “Más allá de la forma en que ha entrado lo estamos tratando como una ley. Cuando se promulgue y se numere se pueden hacer todas las modificaciones”, expuso y mencionó que es una ley que trasciende.