14 Noviembre 2025
Diego Spagnuolo
La investigación por el supuesto circuito de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Franco Picardi solicitó la detención del ex director del organismo, Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que analiza maniobras vinculadas a droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo.
Junto con el ex funcionario, el fiscal también pidió la aprehensión de otras cinco personas, entre ellas Daniel Garbellini, quien ocupó el cargo de director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia.
En total, 15 sospechosos fueron citados a declaración indagatoria, incluyendo a otros ex integrantes de la Andis y a actores del sector privado. Paralelamente, Picardi dispuso nuevos operativos y el secuestro de dispositivos electrónicos para profundizar la pesquisa.
De acuerdo con fuentes consultadas por el portal Infobae, el fiscal identificó una estructura delictiva orientada al direccionamiento de compras, la aplicación de sobrecostos y el pago de coimas a funcionarios públicos, todo en torno a la adquisición de medicamentos y suministros de alto valor económico.
Las maniobras investigadas habrían generado un impacto directo en la administración pública, especialmente sobre el universo de beneficiarios del Programa Incluir Salud, que alcanza a personas con discapacidad que tienen pensiones no contributivas y carecen de otra cobertura sanitaria. Entre ellos se encuentran madres con siete hijos, adultos mayores de más de 70 años en situación de pobreza y otros grupos vulnerables.
Los señalamientos contra Spagnuolo y Garbellini
Según el dictamen fiscal, Spagnuolo “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”.
Picardi también apuntó contra Garbellini. En su presentación sostuvo que ambos funcionarios “permitieron que personas ajenas a la Andis tomaran decisiones sobre asuntos públicos y las prestaciones que debía o no cubrir el organismo e incluso que intervinieran en la administración de los recursos dinerarios de la agencia para obtener beneficios económicos a cambio”.
El fiscal agregó que estas mismas personas externas contaban con operadores dentro del organismo, coordinados para asegurar el flujo de beneficios. Esa dinámica, sostuvo, transformó a la Agencia Nacional de Discapacidad en “una entidad al servicio del interés privado; todo lo cual es contrario a los fines de dicha entidad, especialmente pensada para diseñar e implementar políticas sociales para personas vulnerables”.
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