Investigan a una banda que falsificaba sellos y fichas médicas

El Ministerio Público Fiscal está investigando una banda criminal que se dedicaría a fabricar y vender certificados apócrifos utilizando sellos falsos. Hasta el momento hay dos mujeres imputadas y cinco personas más en la mira. Los pesquisas confirmaron que se comercializaron fichas médicas escolares, pero no descartan que hayan ofertado otro tipo de documentos ya que en los allanamientos realizados secuestraron formularios de Anses, aptos físicos y certificados médicos en general.

El caso es llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, que dirige Diego López Ávila. Según pudieron reconstruir los investigadores, la banda comenzó a operar en febrero pasado. Su modus operandi se habría basado en confeccionar sellos apócrifos a nombre de diferentes profesionales, especialmente de la salud, para fabricar certificados apócrifos que luego ofertaban, principalmente, por redes sociales.

Sospechas

Las alarmas se encendieron cuando algunos doctores comenzaron a recibir certificados y fichas médicas con sellos a nombres de sus colegas, pero con datos que no eran coincidentes. “En algunos casos estaba mal consignada la institución o nosocomio en el que trabajaban y en otros la especialidad. Los médicos que receptaron estos documentos fueron alertando las irregularidades a los profesionales que figuraban como dueños de esos sellos y luego los damnificados presentaron las denuncias correspondientes”, explicó un funcionario del MPF.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en diferentes domicilios de la provincia. El pasado 22 de octubre irrumpieron en un domicilio ubicado en el barrio San Miguel, donde hallaron tres sellos medalla pertenecientes al Ministerio de Educación, al Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, al Siprosa y a la Oficina de Trámites Ciudadanos, además de 22 sellos profesionales pertenecientes a distintos médicos, odontólogos y técnicos de la salud. También aprehendieron a una mujer que fue imputada por el delito de falsificación y uso de documento falso en concurso real.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, acusó a la mujer de haber falsificado al menos dos certificados. El primero fue el 17 de febrero de 2025, cuando “valiéndose de un sello profesional falso confeccionado por ella misma, correspondiente a una médica real, elaboró una ficha médica para ingreso escolar a nombre de una menor, consignando datos falsos como peso, talla, presión arterial, carnet de vacunas completo y aptitud médica”.

El segundo caso se registró el 6 de septiembre de 2025. La imputada confeccionó un certificado médico apócrifo utilizando un recetario con sellos falsos del Hospital Avellaneda, lugar donde la profesional médica cuya identidad usurpó no presta servicios. En dicho documento consignó falsamente un diagnóstico de gastroenteritis y recomendó reposo por tres días a favor de otra persona, incluyendo firma y sello falsificados.

“La acusada desplegó una actividad sistemática dedicada a la confección y utilización de documentación médica apócrifa, afectando la fe pública y la confianza en los organismos sanitarios y educativos”, sostuvo la representante del MPF tras solicitar la prisión preventiva para la encartada, la cual fue otorgada por 27 días.

Semanas después, los investigadores concretaron un nuevo allanamiento en una vivienda del barrio San Francisco. En el domicilio aprehendieron a una mujer de 39 años y secuestraron un celular y cinco sellos apócrifos del hospital Avellaneda, del Ministerio de Educación, de un CAPs, de una médica tocoginecóloga y de una directora de escuela.

La mujer fue acusada como autora de los delitos de falsificación o adulteración de sellos. “Con estos sellos apócrifos se confeccionarían certificados médicos truchos, aptos físicos, formularios de Anses para planes sociales, fichas médicas escolares y certificados médicos en general”, sostuvo Briz Tomás y requirió que fuera sometida a 30 días de prisión preventiva para cautelar el proceso. La medida fue otorgada por el juez interviniente pero la dispuso bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Con el avance de las pericias, los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataría de una banda criminal que está organizada para falsificar y comercializar estos documentos. El MPF está tras los pasos de cinco personas más que estarían vinculadas a la “fábrica de certificados truchos”. “Se está investigando cuál es su vínculo con la banda para establecer cuál es la participación de cada integrante. Ya se realizaron allanamientos pero los sospechosos no fueron habidos en los domicilios”, se indicó.