Emergencia sanitaria: se busca crear un Sistema de Gestión Ambiental

En San Miguel de Tucumán, la problemática ambiental se regula a través de un Código de Faltas creado hace más de 20 años y múltiples decretos y ordenanzas “sueltas”. Para los tiempos actuales, el Concejo Deliberante y la Municipalidad planifican la elaboración de un nuevo marco regulatorio que ordene, actualice y endurezca los delitos al medio ambiente. Es así que el cuerpo parlamentario comienza a estudiar el proyecto que, entre otras cosas, propone la conformación de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGA).

El municipio capitalino se encuentra bajo emergencia sanitaria y ambiental desde 2024. Y una de las dificultades planteadas durante este tiempo fue la falta de un plexo normativo que acompañe los avances en materia ecológica en la ciudad: se habla de normas desactualizadas, de desorden jurídico y de un manejo distinto de prioridades con respecto a la actualidad.

Moderna e integral

“¿Por qué un Código Ambiental ahora?”, introduce el escrito que defiende los ejes del Código de Convivencia Ambiental, y responde: “San Miguel de Tucumán atraviesa una serie de problemáticas ambientales que afectan de manera directa la salud, la calidad de vida y el desarrollo urbano: la proliferación de microbasurales, la presión sobre el sistema de residuos, la contaminación de cursos de agua y el uso ineficiente de los recursos hídricos. En un trabajo conjunto entre municipio y Concejo Deliberante, se plantea darle forma a una herramienta moderna, integral y alineada con los estándares nacionales e internacionales”.

La comisión de Medio Ambiente, a cargo del concejal Gonzalo Carrillo Leito (Peronismo de la Capital), iniciará con el estudio del proyecto en las próximas semanas. Se trata de un escrito trabajado colectivamente con el equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal, dirigido por Julieta Migliavacca; y por los doctores María Jimena Paliza Rodríguez y Javier Elías Arce, que se encargaron de la redacción.

“Al ser el Código que podría empezar a regir en la Capital, hay que estudiar como corresponde y de manera minuciosa a cada uno de los artículos. Al mismo tiempo, creemos que es necesario hacerlo con celeridad porque intentamos que, con esto, algunas malas conductas diarias sean sancionadas. Hay una problemática grave en el municipio y no se cuenta con una herramienta para poder accionar”, desarrolló Carrillo Leito.

Ente articulador

Uno de los pilares del proyecto es la creación del SIGA, un organismo articulador que promete coordinar las políticas ambientales entre todas las áreas del municipio; administrar el Registro de Infractores Ambientales y monitorear el estado ambiental de la ciudad; e intervenir ante emergencias. Además, el ente estaría a cargo de supervisar el sistema de residuos (Girsu) y de organizar la participación ciudadana y la educación ambiental.

El proyecto ecológico define cuatro objetivos centrales. El primero es el de ordenar, unificar y modernizar la normativa ambiental. “Actualmente existen vacíos legales y superposición de competencias. El Código viene a cerrar esos huecos y darle coherencia al marco ambiental local”, fundamenta. En segundo lugar, se busca crear un sistema de sanciones “claro y proporcional”, con multas expresadas en Unidades de Multa (UM), clausuras, decomisos y medidas educativas.

Los dos propósitos restantes se refieren a garantizar la protección efectiva del ambiente urbano, a través de reglas concretas para residuos, agua, aire, arbolado, ruido, emisiones, espacios verdes y actividades de impacto; y a incorporar los principios fundamentales del Derecho Ambiental: prevención, precaución, no regresión, progresividad, entre otros.

En tanto, el Código busca plantear un enfoque metropolitano, ya que considera que los problemas ambientales no respetan límites administrativos; que la contaminación del agua, el control del aire y el manejo de los residuos requieren políticas unificadas; y que una visión que supere las fronteras de la ciudad permitiría optimizar recursos entre municipios vecinos.

Contravenciones

La propuesta en manos de la comisión de Medio Ambiente busca unificar y modernizar la normativa ecológica local. El Código establece un marco de principios jurídicos basados en la Constitución Nacional y tratados internacionales, como la prevención, precaución y responsabilidad objetiva por el daño ambiental.

Además, detalla un exhaustivo régimen contravencional, tipificando infracciones relativas a la gestión de residuos sólidos urbanos, la protección hídrica, la calidad sonora y la higiene urbana, e introduce un procedimiento administrativo y judicial específico para el juzgamiento y la reparación integral del daño.

En cuanto al eje sancionatorio, la normativa opera como un sistema de justicia especializado y preventivo que, además de imponer multas (con un valor indexado a la UM para asegurar su actualización), prioriza la obligación de reparar el daño ambiental y ofrece mecanismos de participación y resolución alternativa de conflictos en favor de la tutela efectiva del ambiente.

Trabajo ambiental

Lo que se pretende con el nuevo Código es actualizar el sistema de sanciones que quedó atrasado para los tiempos de hoy. El Código Ambiental que rige en San Miguel de Tucumán fue sancionado en 2003. En él se determina que las violaciones al ambiente serán sancionadas según las penalidades establecidas en el Código de Faltas (ordenanza Nº 758/ 82-artículo 92 bis).

En el articulado que ofrece este último, las penas al ambiente son determinadas según el valor del Urbano (actualmente en $21). Las sanciones más altas, de 18.000 U (unos 380.000 pesos), corresponden al manejo de alimentos, bebidas o materias primas alterados o con fraude bromatológico, superando a al arrojamiento de residuos en la vía pública o baldíos (por lo que se paga hasta $63.000) o a la emanación o emisión de contaminantes (hasta $250.000).

La puesta en vigencia del Código ayudaría a complementar el trabajo ambiental realizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a cargo de la intendenta Rossana Chahla. Este año se creó la Fiscalía Ambiental, una oficina encargada de  controlar el cuidado medioambiental en el municipio y de efectuar multas en caso de ser necesario. Quien estaba al frente de la nueva repartición era Roberto Chustek, recientemente removido de su cargo, y su reemplazo será Javier González.

Asimismo, en enero de 2024, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la declaración de emergencia sanitaria y ambiental para San Miguel de Tucumán que, tras haberse completado el año desde su aprobación, fue renovada por cinco años más.