30 Noviembre 2025
En Bahía Blanca, un hombre de casi 80 años logró que la Justicia reconociera el daño moral sufrido tras descubrir que dos de los tres hijos que crió durante más de cuatro décadas no eran biológicamente suyos. Su exesposa fue condenada a pagarle $20 millones más intereses, en una sentencia que sienta precedente.
Infidelidad y falsa paternidad: cuatro décadas de engaño
Según Noticias Argentinas, la Cámara Civil y Comercial bahiense confirmó el fallo de primera instancia que reconoció la “afectación a la dignidad” del jubilado, identificado como R.G.
La historia salió a la luz a principios de 2018, cuando el hombre comenzó a recibir rumores insistentes sobre la verdadera paternidad de sus hijos. Impulsado por las sospechas, decidió hacerse un estudio de ADN en 2019. El resultado fue devastador: únicamente el mayor de los tres hijos era suyo.
El golpe emocional se agravó por un conflicto posterior: pese a no ser padre biológico, una de las hijas lo inició en un juicio por alimentos, que lo obligó a ceder el 25% de su jubilación durante 17 años.
Un fallo que pone la dignidad en el centro
Uno de los puntos más relevantes de la sentencia fue la decisión de la Cámara de invalidar un acuerdo firmado en una escribanía, en el cual R.G. renunciaba a reclamar a su exesposa.
El juez determinó que esa renuncia era inválida porque había ocurrido antes de que el hombre conociera el daño real, es decir, antes del resultado de ADN. Además, sostuvo que ningún acuerdo privado puede anular leyes que protegen derechos esenciales como la dignidad.
Por ello, la mujer fue condenada por su “actitud culpable al mantener una paternidad falsa” durante casi cincuenta años.
Un caso que marca precedente
El fallo no solo otorga una reparación económica significativa, sino que también establece un precedente sobre cómo la Justicia argentina evalúa el daño moral en casos de infidelidad oculta y falsa paternidad.
Este caso, que combina drama familiar, engaño prolongado y una batalla judicial inesperada, ya es mencionado por especialistas como un antecedente clave en materia de derechos personalísimos.
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