Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Luis Alejandro Ontiveros, el hombre sospechado de haber armado una red de influencias y de pedir dinero para obtener votos favorables invocando el nombre del camarista federal Mario Leal, será indagado por la Justicia, e imputado, si prospera el pedido que realizó el fiscal federal N° 2, Agustín Chit, quien lleva adelante la investigación. Al mismo tiempo, el representante de la querella, Juan Andrés Robles, requirió la detención de Ontiveros. Todo esto se dio luego de que se conocieran los resultados de un estudio pericial sobre el teléfono del abogado, que la fiscalía considera decisivo para reconstruir los encuentros que, según la pesquisa, mantuvo con Mario Martínez Salazar, el denunciante. La geolocalización del teléfono, la recuperación de capturas de pantalla y el análisis de metadatos permitirían confirmar que el acusado estuvo en los lugares y fechas señalados por el hombre que radicó las denuncia, incluso cuando las aplicaciones de mensajería clave ya habían sido borradas del dispositivo, según trascendió.

La causa, iniciada a partir de la denuncia de Martínez Salazar, investiga un presunto pedido de dinero de parte de Ontiveros para “solucionar” una causa en la que está involucrado el hijo del denunciante. Según Martínez Salazar, Ontiveros le pidió 100.000 dólares. Las pericias confirmarían que ambos hombres habrían mantenido tres reuniones en bares de la Capital y de Yerba Buena, además de sostener una serie de mensajes con Martínez Salazar que reforzaban la idea de las presuntas presiones para recibir dinero. Las pericias buscaban determinar si los encuentros efectivamente ocurrieron, si hubo intercambio de comunicaciones y si el dispositivo del imputado conservaba evidencia de interés.

Ontiveros, que se presenta como sobrino “del corazón” del camarista Mario Leal, no trabaja en la Justicia Federal. Pero sí lo hacen sus dos hermanos, Mario y Ramón Gustavo, secretarios del magistrado, y también su esposa, la candidata a jueza federal Solana Casella, que es relatora de Leal.

Según indicaría el informe técnico, WhatsApp y Telegram fueron desinstaladas con un minuto de diferencia del teléfono de Ontiveros el 4 de junio de 2025, una maniobra que impidió recuperar las bases de datos de ambas aplicaciones y que habría sido documentada por los especialistas como un borrado deliberado de mensajería. El dato no es menor ya que el borrado de ambas aplicaciones se habría dado en medio del operativo montado para secuestrar el aparato, en la vía pública. Aparentemente Ontiveros entregó primero el teléfono de su hermano, y luego, en pocos minutos, desinstaló ambas apps, tras lo cual sí entregó su móvil. Pese a ello, a pedido de Chit, los peritos lograron extraer imágenes, capturas de pantalla y metadatos que reconstruyen fragmentariamente diálogos, ubicaciones y acciones del usuario.

Entre el material obtenido aparecerían capturas con conversaciones mantenidas con el contacto agendado como “Mario Martínez Salazar”, fechadas en abril de 2025. En esos pantallazos se observarían frases relativas a encuentros pactados, pedidos de tiempo y referencias a cuestiones judiciales que el denunciante había mencionado en su presentación, según el expediente. Las imágenes fueron relevadas como evidencia indirecta de comunicaciones que ya no existen en forma nativa en el dispositivo.

La reconstrucción espacial del teléfono aportó otro componente central. Los peritos habrían establecido que el dispositivo estuvo en un bar, en calle Santa Fe al 800, durante marzo de 2023, y en otro bar de Yerba Buena, los días 15 y 21 de abril de 2025, fechas coincidentes con las reuniones denunciadas, según trascendió. La constatación haría surgido de los datos de geolocalización del sistema iOS y de los metadatos de las imágenes vinculadas.

Los técnicos también habrían identificado un apagado registrado el 15 de abril de 2025, a las 21.29, un evento reconocido por el sistema como una detención ordenada del equipo. Este dato resulta relevante para los investigadores porque coincide con el día de uno de los encuentros y podría reflejar un intento de limitar la trazabilidad del dispositivo durante momentos claves para la causa.

Pese a la ausencia de registros completos de mensajería, los investigadores consideran que el conjunto de evidencias -ubicaciones verificadas, capturas que reproducen fragmentos de conversaciones y comportamientos de uso del dispositivo- compone un cuadro consistente con el relato de la víctima. La conducta de desinstalar las aplicaciones en pleno desarrollo de la investigación será uno de los puntos centrales del análisis judicial que viene.

Los informes fueron elaborados por los peritos asignados y remitidos al Ministerio Público Fiscal con el detalle técnico de las herramientas utilizadas, los anexos exportados y las carpetas disponibles para descarga segura. El material ahora se integrará a la causa para ser valorado en conjunto con testimonios, otros informes y las medidas complementarias que la fiscalía ya anticipó que solicitará.

El problema que surge por el momento es quién llevará adelante los procesos que siguen. Es que la defensa de Ontiveros, representada por los abogados Miguel Ángel Pierri y Camilo Atim, recusó al primer juez de la causa, José Manuel Díaz Vélez (aunque esto aún no fue resuelto), y otros dos jueces subrogantes, Guillermo Díaz Martínez y Miguel Ángel Contreras, se excusaron de intervenir.

Reacción: niegan que las pericias incriminen a Ontiveros en la comisión de algún delito

Solana Esther Casella y Luis Alejandro Ontiveros enviaron a LA GACETA una nota en la que afirman que la Justicia ha prohibido a las partes revelar o divulgar el contenido de las pericias, “bajo apercibimiento del artículo 156 del Código Penal, en cuanto sanciona la divulgación de un secreto, en este caso judicial, que pueda causar un daño”. Añaden que lo que se conoció de las pericias son “afirmaciones falsas” porque “no hay nada ni en su contenido ni en sus conclusiones que puedan incriminar al Dr. Luis Ontiveros en la posible comisión de algún delito”. Además, informan que “hasta el día del cargo de la presente, ninguna de las partes (inclusive autorizadas a la consulta y acceso del expediente) puede ver en el expediente digital ninguna de las ‘supuestas piezas procesales’ mencionadas en la nota. Por lo que ni siquiera esta parte puede chequear la existencia de dichas piezas procesales, que se le atribuyen tanto a la fiscalía como a la querella”. Concluyen que estas afirmaciones, que califican de “falsas, temerarias, tendenciosas y de mala fe”, generan daño “en nuestro honor, especialmente en relación a que la Dra. Solana Casella se encuentra ternada en estos momentos para el cargo de Juez Federal Electoral N° 1 de Tucumán”.