Apenas el 10% pudo regularizar su situación: ¿que ocurrirá con lo que construyeron en tierras fiscales de El Cadillal?

El proceso de regularización de tierras en El Cadillal sigue avanzando. Unos 200 propietarios cumplieron con el plan que lanzó el Estado y están muy cerca de escriturar el inmueble que edificaron en tierras fiscales. El problema es que sólo representan menos del 10% del total de usurpaciones que se detectaron en ese centro turístico de la provincia.

Las irregularidades que se registraron en ese lugar fueron tantas que terminaron generando una “ensalada dominial”, como lo bautizaron los funcionarios. Para tratar de poner algo de orden, se dictaron dos leyes que no tuvieron los resultados esperados.

Las normas en cuestión son la 9.179 sancionada en mayo de 2015 y luego modificada por la 9.591 en 2022. Ambas autorizaban al Poder Ejecutivo a enajenar tierras fiscales que estaban ocupadas para vendérselas, a través de una licitación pública, a las personas que habían ocupado esas parcelas hasta el 30 de noviembre de 2018. También ordenaba al Estado a realizar una zonificación de toda la villa para determinar qué sectores se podrían destinar a la venta y cuáles debían protegerse porque estaban en zonas de reservas o que podían ser utilizados para investigación científica.

Los resultados del informe fueron categóricos. En total estaban en condiciones de regularizar más de 3.000 hectáreas. De los 85 padrones detectados, sólo 15 estaban ubicados en el sector que podía ser enajenado por el Gobierno. Dos directamente se encuentran en zonas de reserva, los 58 restantes en lugares que deberían ser preservados por encontrarse en lugares destinados a investigaciones.

Los interesados tenían plazo hasta julio de 2023 para presentar todos los papeles exigidos y hacer la oferta económica con la que podrían ganar la licitación. Después, las autoridades deberían analizar si el lugar estaba ubicado en zona enajenable, es decir, si el Estado podía venderlas.

Supuestamente, si estaba todo en orden, el peticionante que accedía al plan de regularización, tenía la oportunidad de comprar en una sola cuota o en a través de un plan de pago. La norma establecía que una vez que se cancele la deuda de adquisición, podría iniciarse el trámite de escrituración a nombre del comprador, que debía esperar cinco años para transferirla o venderla en su totalidad o realizar loteos.

Los resultados no fueron los esperados. Sólo 400 personas se presentaron a realizar los trámites de regularización que ofrecía la ley. Esa cifra representa poco más del 10% de las casi 3.000 viviendas que fueron construidas irregularmente en esa villa turística, según el relevamiento realizado por la Dirección General de Catastro.

¿Qué pasó? Se descubrió que la gran mayoría de los ocupantes realizaron el trámite en la desaparecida repartición de Regularización Dominial y Hábitat, que no estaba autorizada a hacerlo. Según la investigación que se hizo, varios de sus empleados y ex funcionarios habrían cobrado dinero con la promesa de hacer todas las diligencias necesarias para que puedan resolver el problema. Varios de los señalados son los mismos que están siendo procesados por loteos irregulares en El Mollar.

Unos 400 expedientes se abrieron correctamente, según informaron fuentes oficiales. De ese número, unos 200 pudieron cumplir con todos los trámites que exigía la ley. Este grupo de propietarios ya realizaron todas las modificaciones necesarias que les pidieron los especialistas de Catastro. El más común de todos, resignar parte de sus terrenos para que las calles tengan el ancho adecuado o ceder parte de ellos porque se habían excedido en sus límites.

Ahora esperan que se desarrolle el proceso de tasación de las propiedades. Una vez que ello ocurra, podrán adquirir, de contado o en cuotas, los terrenos que ocuparon para construir viviendas.

El problema está en definir qué pasará con los que iniciaron el trámite de manera irregular o que directamente no se adhirieron al plan, ya que los plazos para adherirse al plan ya expiraron. “Nadie puede negar que fuimos estafados por el mismo Estado. Los trabajadores de esa repartición vinieron a ofrecer realizar todos los trámites a cambio de dinero. ¿Cómo íbamos a saber que eran unos estafadores?”, indicó Luciana Castro, una de las damnificadas. Las normas aprobadas no establecen que se debía abonar una suma de dinero.

“Me equivoqué. Pensé que eso era un verso. Que era humo para hacer creer que todo cambiaría. Jamás me imaginé que alguien intentaría solucionar este problema. La verdad es que ahora me arrepiento porque no sé qué ocurrirá y por gil puedo perder lo que hice con mucho esfuerzo”, sostuvo Esteban Reyna.

El final de este caso está abierto. Fuentes de Casa de Gobierno aseguraron que no hay ninguna decisión tomada. Sí indicaron que no está previsto realizar por ahora un desalojo masivo por la fuerza, ya que se están estudiando otras alternativas. Una de ellas es dictar una nueva ley para solucionar el problema. Sí es seguro que este el plan sólo incluirá a las personas que edificaron sus viviendas en lugares permitidos.