Defienden el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la jurisdicción de CABA

La camarista Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y La Función Judicial (FAM), se presentó ante la Comisión de Estudio y Análisis sobre la Transferencia de Competencias, un órgano creado por el Ministerio de Justicia de la Nación. Acompañada por su equipo, la camarista tucumana fue convocada para aportar la visión institucional de la magistratura sobre la viabilidad de transferir la justicia nacional ordinaria a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un proceso que requiere un minucioso "trabajo interactivo de carga, priorización y formalización".

En el centro de su intervención, planteó una cuestión institucional fundamental: que la transferencia de competencias no es un proceso discrecional ni una negociación política, sino un mandato ineludible de la Constitución Nacional. Según la postura de la FAM, la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires en materia jurisdiccional está reconocida por la Reforma Constitucional de 1994 y el Artículo 129, y su materialización es una obligación que debe concretarse. Ruiz enfatizó que, a pesar de que la autonomía fue reconocida hace más de tres décadas, aún permanece pendiente el traspaso definitivo de las competencias ordinarias que hoy ejerce el Poder Judicial de la Nación.

La concreción de este mandato constitucional es esencial para la FAM, no solo por una cuestión de legalidad, sino por sus efectos prácticos en el sistema: la finalización del proceso de transferencia significa evitar duplicidades, mejorar el acceso a la justicia local para los ciudadanos y fortalecer el principio de federalismo cooperativo previsto por la Carta Magna. La exposición también abordó los desafíos operativos contenidos en el temario de la Comisión, como garantizar la conservación de derechos del personal judicial (salarios, antigüedad, régimen jubilatorio, horarios) y asegurar la infraestructura y el presupuesto necesarios para que el nuevo fuero local goce de una real y plena independencia funcional y económica.

Además de la defensa institucional de los principios constitucionales y de los derechos del personal, la FAM se comprometió a presentar el informe escrito obligatorio con una extensión máxima de quince carillas, tal como lo exige el Reglamento, consolidando así su aporte técnico y político en la resolución de esta histórica deuda institucional.