Por Juan Manuel Montero
18 Diciembre 2025
El Colegio de Abogados de Tucumán
El Colegio de Abogados de Tucumán manifestó su enérgico rechazo ante el borrador de un proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, el cual contempla una profunda desregulación de las profesiones liberales. La iniciativa oficial busca eliminar la obligatoriedad de la matriculación y reducir los controles sobre actividades clave como la abogacía, lo que ha encendido las alarmas en las instituciones colegiadas de todo el país. Desde la entidad tucumana advirtieron que esta medida no solo desnaturaliza el ejercicio profesional, sino que representa un avance indebido sobre las autonomías provinciales y pone en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La preocupación central radica en el intento del Poder Ejecutivo Nacional de legislar sobre facultades que pertenecen exclusivamente a las provincias. Según el Colegio, una disposición de esta naturaleza a través del Congreso representa una "intromisión abiertamente inconstitucional", ya que la regulación y el control de las profesiones son competencias locales ratificadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso específico de Tucumán, la Constitución provincial establece en su artículo 40 que "la colegiación profesional es obligatoria", otorgando al Estado un poder de Policía que delega en los respectivos colegios para garantizar la idoneidad en el servicio.
Para las autoridades de la institución, el argumento de la modernización laboral es un "pretexto falaz y carente de fundamentos" que esconde el objetivo real de "desfinanciar por completo a los colegios profesionales del país". El comunicado subraya que la desregulación pretendida libera la matrícula y, de manera preocupante, suprime el régimen disciplinario aplicable a los letrados. “Sin un control ético y profesional, el sistema jurídico perdería su previsibilidad, dejando a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad ante la falta de estándares claros en la prestación de servicios legales”, dijeron.
Agregaron que embestida oficial también alcanzaría las normas arancelarias de orden público, afectando parámetros esenciales como el valor de la consulta profesional. Esta desregulación impactaría directamente en la determinación de honorarios y en los aportes destinados a las cajas previsionales, comprometiendo la sustentabilidad del sistema de seguridad social de los profesionales. El Colegio sostiene que estas medidas, lejos de beneficiar el mercado laboral, "perjudican el ejercicio de nuestra profesión" y afectan severamente la estructura que sostiene la administración de justicia.
En su defensa institucional, la entidad remarcó que se trata de una "institución pública no estatal" que no recibe fondos públicos y se sostiene exclusivamente con el aporte de sus afiliados. Con estos recursos propios, el Colegio cumple funciones sociales que el Estado no asume, como el control ético, la formación continua de los abogados y la prestación de servicios gratuitos a la comunidad a través de su Consultorio Jurídico y su Centro de Mediación. "Nuestra historia nos confirma como una institución que ha intervenido de manera sostenida y eficaz en la defensa de los valores del sistema democrático", recordaron desde la conducción, cuyo titular es Alberto López Domínguez.
Ante la repetición cíclica de este tipo de proyectos, ya sea por vía parlamentaria o por iniciativa directa del Ejecutivo, el Colegio de Abogados de Tucumán anunció que apelará a todas las instancias administrativas y judiciales necesarias para frenar la propuesta. En este sentido, trabajarán de manera coordinada con la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) para defender la vigencia del federalismo. “La institución considera que estas propuestas vulneran la forma de gobierno adoptada por la Constitución Nacional y desconocen los fallos previos del máximo tribunal de justicia del país”, dijeron.
Finalmente, la entidad hizo un llamado urgente a los diputados y senadores nacionales que representan a Tucumán para que impidan este atropello al orden constitucional vigente. Asimismo, instaron a todos los profesionales matriculados a mantenerse en estado de alerta y compromiso en defensa de la colegiación legal y obligatoria. Para el Colegio, la independencia de la abogacía es un pilar irrenunciable que garantiza una justicia equilibrada, por lo que aseguraron que agotarán los recursos institucionales para evitar que esta reforma laboral desarticule la estructura profesional de la provincia.
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