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PEDRO GALLO
El fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, realizó un balance del avance de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF) por el crimen de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años asesinada a comienzos de enero. Por el caso, ya son dos las personas privadas de su libertad, ambas con prisión preventiva.
El principal imputado es Felipe Sosa, de 50 años, detenido el viernes 16 de enero en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Está acusado como autor del homicidio y cumple prisión preventiva por el plazo de seis meses. A él se sumó esta semana Justina Gordillo, de 48 años, quien fue imputada por el delito de encubrimiento doblemente agravado, tanto por favorecimiento personal como por su condición de empleada judicial. En su caso, el juez interviniente dispuso prisión preventiva por tres meses.
Al referirse a la situación procesal de Gordillo, el fiscal Gallo precisó que el martes 3 de febrero se llevó a cabo una audiencia multipropósito en la que la Justicia hizo lugar a todos los planteos del MPF.
“El juez impuso la prisión preventiva por el plazo de tres meses en función del cúmulo de evidencias reunidas hasta el momento, conforme a la teoría del caso de este Ministerio Fiscal”, explicó. Además, destacó que se trata de la segunda persona detenida en el marco de una investigación que se inició en enero y que cuenta con la participación de los fiscales Carmen Reuter, Carlos Picón y Marcelo Leguizamón.
Gallo aclaró el despliegue de recursos que se viene realizando para esclarecer el hecho. “Hay un trabajo muy importante tanto del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) como de la Policía. Están puestos todos los recursos técnicos, científicos y humanos en una investigación compleja, cuyo principal objetivo es profundizar todas las líneas y determinar quiénes tuvieron intervención penal en este hecho tan grave, para que reciban la sanción correspondiente”, señaló.
VÍCTIMA. Érika Antonella Álvarez.
En ese sentido, el fiscal indicó que continúan en marcha numerosas medidas investigativas. “Se están desarrollando tareas de campo y periciales, además de una serie de medidas científicas que se encuentran en curso y a las que se les está dando la máxima celeridad que el caso amerita. A medida que avancemos, no se descartan nuevas detenciones”, advirtió.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió entre la madrugada del 7 de enero, alrededor de las 3.12, y la mañana del 8 de enero de 2026, en la ciudad de Yerba Buena. En ese lapso, Sosa habría dado muerte a Álvarez mediante violencia física directa, extrema y precisa, provocándole múltiples traumatismos cráneo-faciales y cervicales.
Siempre según la acusación, tras el homicidio el cuerpo de la joven fue embolsado en tres bolsas de consorcio, encintadas y atadas con sogas que presentaban nudos especiales. Luego fue trasladado en un vehículo hasta un descampado utilizado como basural, ubicado en la zona de El Manantial Sur, donde fue hallado el 8 de enero cerca de las 16.
El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo-facial y cervical, con luxación témporo-mandibular, múltiples hematomas y lesiones cervicales, compatibles con un mecanismo de violencia ejercido por un tercero.
La investigación continúa en curso bajo estricta reserva, mientras el MPF avanza en el análisis de pruebas clave para reconstruir en detalle lo ocurrido y establecer todas las responsabilidades penales.
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