Yerba Buena impulsa controles toxicológicos obligatorios a funcionarios

La concejal Gabriela Garolera (Yerba Buena Somos Todos) presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Ejemplaridad, Transparencia y Aptitud Integral en la Función Pública, que propone la realización de tests toxicológicos obligatorios a funcionarios del municipio y del cuerpo deliberativo. La iniciativa será tratada a partir de marzo y se da en un contexto en el que también se presentaron propuestas similares, como la impulsada por el legislador José Cano en la Legislatura de Tucumán.

La iniciativa establece la realización de controles periódicos, aleatorios y sorpresivos, bajo protocolos estrictos, y prevé la separación inmediata del cargo en caso de que los resultados den positivo. Los análisis buscarán detectar consumo de cocaína y sus derivados, cannabinoides (marihuana), opioides y opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, además de alucinógenos y drogas sintéticas como el MDMA.

Según explicó Garolera, la motivación del proyecto surgió a partir de hechos recientes que tuvieron fuerte impacto público. “Fue la noticia del gobernador de Salta, donde él pedía el test de toxicología, pero a nivel provincial. Que un gobernador lo pida me ha parecido muy impactante. Nadie está exento de nada, debería aplicarse a todos los poderes”, sostuvo. A ese contexto -según comentó- sumó el caso del homicidio de Érica Álvarez, en el que se vio involucrada una persona que trabajaba en la Corte Suprema de Justicia. “Yo creo que la persona que consume droga, tiene contacto con narcotraficantes”, afirmó.

La concejal chahlista remarcó que la iniciativa no sólo apunta a la idoneidad técnica de los funcionarios, sino también a la ejemplaridad. “Más allá de la idoneidad y la transparencia, el funcionario público debe dar el ejemplo. La gente pone en nosotros una confianza extrema y nosotros debemos responder con lucidez y claridad en nuestro juicio”, expresó. En ese sentido, celebró que la propuesta haya tenido eco a nivel provincial. “Me encantó que el legislador José Cano también lo haya presentado en la Legislatura, porque aquí se lo llevaría a un nivel provincial”, agregó.

Garolera confirmó que el intendente Pablo Macchiarola manifestó su respaldo a la iniciativa. “Hablé con el intendente, me reuní con él y dio su apoyo total al proyecto. Además me dijo que él será el primero en hacer el test”, relató. El proyecto alcanza a intendentes, secretarios, concejales, secretarios del Concejo, jueces de Faltas, directores y personal del gabinete municipal. “Concejal que no lo apruebe, es porque esconde algo”, lanzó.

En cuanto a la modalidad de los controles, explicó que se realizarán una vez al año, con selección aleatoria de los funcionarios y con posibilidad de exámenes sorpresivos. Los análisis serán de sangre y orina, y se definirá en comisión si se harán en centros públicos o mediante convenios con prestadores privados. Tras el primer examen, se contempla una contraprueba y, de confirmarse un resultado positivo, se pedirá la remoción inmediata del cargo, sin descartar la aplicación de un juicio político.

El proyecto también incorpora un enfoque sanitario: en caso de detectarse dependencia, se prevé acompañamiento y tratamiento para la persona afectada. En el plano político, Garolera adelantó que existen conversaciones con varios concejales y que el debate podría resolverse en comisión o, en su defecto, sobre tablas. Frente a los cuestionamientos por la intimidad y el artículo 19 de la Constitución Nacional, fue categórica: “No es meterse en la vida personal, es decirle al funcionario público que no consuma sustancias tóxicas porque toma decisiones donde está en juego la calidad de vida de las personas”.