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Duro revés para el kirchnerismo: la Justicia anuló la intervención de Cristina en el PJ de Jujuy
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La Justicia Federal de Jujuy anuló hoy la intervención del PJ local dispuesta por Cristina Kirchner para normalizar el partido tras años de irregularidades y falta de elecciones.
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El fallo responde a denuncias de la senadora Moisés por la suspensión arbitraria de 300 afiliados. La medida desplaza a los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez.
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Este revés para el kirchnerismo fortalece al gobernador salteño Gustavo Sáenz en la región y busca garantizar transparencia electoral frente al avance previo de La Cámpora.
Cristina Fernández.
La Justicia Federal de Jujuy resolvió anular la intervención del Partido Justicialista local que había sido dispuesta por Cristina Fernández de Kirchner y dejó sin efecto las últimas resoluciones adoptadas por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez. En su lugar, designó como nuevo nterventor a Ricardo Guillermo Villada, quien tendrá la misión de normalizar el partido y deberá informar cada 15 días al juzgado sobre los avances de su gestión.
La presentación judicial que cuestionó la conducción nacional del PJ fue impulsada, entre otros dirigentes, por la senadora Carolina Moisés, en representación de distintos sectores del peronismo jujeño.
El fallo judicial se inscribe en un planteo político más amplio que venían sosteniendo dirigentes del peronismo de Jujuy y Salta, encabezados por el gobernador Gustavo Sáenz, en oposición a la conducción nacional del partido, con incidencia de La Cámpora, consignó Infobae.
Según detalla la resolución, desde mediados de 2023 el PJ jujeño se encontraba intervenido por el órgano nacional, pero las elecciones internas prometidas para renovar autoridades fueron sucesivamente postergadas, suspendidas o atravesadas por sanciones disciplinarias que, lejos de ordenar la vida partidaria, profundizaron el conflicto.
El juez Esteban Eduardo Hansen señaló que, durante casi tres años, la dirigencia local alternó entre amnistías generales y procesos disciplinarios que derivaron en la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, muchos de ellos precandidatos. En ese sentido, remarcó que dichas sanciones se aplicaron “al margen de toda garantía mínima”, sin posibilidad de defensa ni presentación de pruebas.
Además, el tribunal cuestionó la decisión de los interventores de dar de baja el proceso electoral en curso y convocar a nuevos comicios sin restituir los derechos de los afiliados suspendidos. Para la Justicia, esa maniobra evidenció una intención de excluir sectores internos y representó “una restricción directa y sustancial” de los derechos políticos intrapartidarios.
En su resolución, el juez Hansen dispuso un mecanismo de control riguroso sobre la nueva intervención. Ricardo Guillermo Villada deberá presentar informes quincenales detallando el avance del proceso de normalización y el cronograma electoral que permita renovar autoridades de manera legítima.
Entre los fundamentos, el fallo sostiene que la intervención judicial aparece como “el único desenlace justo” ante una crisis institucional profunda, y subraya que el objetivo central debe ser garantizar elecciones limpias, transparentes y con pleno respeto a los derechos de los afiliados.
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