Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas

El proceso judicial contra el secretario de Energía de la Provincia, Martín Sebastián Viola, sigue sin resolverse y entra en una etapa de definiciones tras un fuerte planteo de la querella que quiere frenar el intento del funcionario de cerrar la causa. La representante legal de la víctima impugnó formalmente la propuesta de reparación integral presentada por Viola, calificándola de “insuficiente” y “desproporcionada” frente a la gravedad de los cargos que se le imputan: haber utilizado el DNI de un otra persona para crear cuentas digitales y difamar a terceros. Con esta oposición, el expediente se aleja de una solución rápida y se encamina a una instancia de revisión jerárquica que podría derivar en el procesamiento directo del funcionario de la Casa de Gobierno.

La controversia judicial se remonta al extravío del documento de identidad de Julián Echazú Toneatti en el edificio en el que vivía, y en el que además tiene su departamento el propio Viola, según la investigación. Según el análisis del fiscal federal Agustín Chit, los datos de ese DNI fueron usados para abrir una cuenta en LA GACETA y publicar agravios contra el funcionario de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán Alejandro Sangenis, maniobra que quedó al descubierto cuando se detectó que la suscripción digital fue pagada con la tarjeta de crédito personal de Viola. A pesar de que la defensa técnica del Secretario de Energía intentó inicialmente desvincularlo alegando un supuesto hackeo, el avance de las pruebas técnicas lo forzó a intentar un convenio de mediación.

El punto de mayor conflicto radica en la forma y el fondo de la reparación propuesta. La abogada de la querella, Stella Belén Salas, fue sumamente crítica con el pedido de disculpas que Viola realizó a través de una red social, señalando que tal gesto carece de la formalidad y el alcance necesarios para reparar el daño causado en un medio de comunicación de alcance masivo. Asimismo, calificó como “absolutamente insuficiente” el ofrecimiento económico de 5 millones de pesos destinados a la Arquidiócesis y a los inundados del sur tucumano, a pesar de que esto ya fue admitido por el MPF. Para la querella, esa cifra no solo es irrisoria frente a la capacidad económica de un secretario de Estado, sino que pretende “comprar” el cierre de un expediente federal que afecta la fe pública y la identidad de las personas. La postura de la víctima es inflexible: el proceso legal debe continuar hasta el procesamiento efectivo del funcionario. 

La representante legal advirtió que aceptar estas condiciones sentaría un precedente nefasto, donde los delitos cometidos por el poder político se resuelven con donaciones simbólicas y mensajes efímeros en internet. En su presentación, solicitó que un Fiscal Revisor intervenga para garantizar que la causa no se extinga por una vía que la querella considera una burla a la justicia. Para la parte damnificada, la gravedad de que un funcionario público utilice un documento ajeno para el anonimato digital exige una respuesta judicial mucho más severa que un desembolso económico. Con este escenario, la estrategia de defensa de Martín Viola de evitar el desgaste jurisdiccional se complica. El Juzgado Federal N° 2, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, tiene ahora la tarea de resolver la situación procesal del funcionario, en un caso que ha dejado de ser un simple conflicto vecinal por un DNI extraviado para transformarse en un debate con trasfondos políticos.