La Justicia investigará posibles irregularidades en la licitación de la Hidrovía
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La Justicia investiga irregularidades en la licitación de la Hidrovía impulsada por el Gobierno nacional, tras un dictamen de la PIA que detectó falta de transparencia y objetividad.
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El fiscal Sergio Rodríguez señaló discrecionalidad en los pliegos y posibles delitos penales. Se cuestionan fallas ambientales y la exclusión de firmas internacionales en el proceso.
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El caso afecta la principal vía exportadora del país. La resolución judicial determinará la validez de la futura concesión y sentará un precedente sobre transparencia administrativa.
Hidrovía. FOTO X
La investigación judicial sobre la licitación de la Hidrovía sumó nuevos cuestionamientos luego de que el Ministerio Público Fiscal detectara presuntas irregularidades en el proceso impulsado para definir la futura concesión de una de las vías comerciales más importantes del país.
El expediente pone bajo análisis distintos aspectos administrativos del concurso, en el que participan grupos internacionales vinculados a un negocio estratégico para las exportaciones argentinas.
El dictamen del Ministerio Público, que quedó circunscripto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), consideró que algunos pasos del proceso de licitación “merecen reproche administrativo y podrían derivar en consecuencias penales”, consignó el diario "Ámbito".
En ese sentido, señaló que, si bien la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) aprobó los pliegos del concurso, el organismo judicial recibió “una serie de denuncias y/o presentaciones en las cuales se señalaban irregularidades del procedimiento y los pliegos licitatorios” provenientes de organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios e incluso una de las firmas participantes.
En su presentación, rubricada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, la PIA constató “una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas”. Según el dictamen, la “ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo”, lo que podría habilitar criterios subjetivos o arbitrarios luego de la apertura de sobres y afectar la libre competencia.
Los dos grupos involucrados en la licitación son los belgas Jan De Nul -que opera en la Hidrovía desde 1995- y DEME. En el proceso habrían quedado fuera las empresas chinas que competían por la concesión. El pliego de Jan De Nul incluye un esquema que combina dragado, balizamiento y otros servicios, mientras que el modelo contractual permitiría la cesión de la concesión a terceros.
Entre los actores vinculados aparecen el Grupo Neuss -relacionado con negocios ligados al Estado y mencionado por sus vínculos con Mauricio Macri y referentes de la actual gestión- y el Grupo Román, fundado por Alfredo Román. También figura el empresario Juan Ondarcuhu, titular del Grupo Servicios Portuarios SA y concesionario de terminales en el puerto de Rosario.
En el detalle de la investigación, la Justicia sostuvo que la Anpyn “repitió irregularidades que ya habían sido advertidas en procedimientos licitatorios anteriores”. Las actuaciones quedaron en manos de la Fiscalía Federal N° 9 de la ciudad de Buenos Aires.
Entre las observaciones de la PIA se encuentran presuntos incumplimientos de la Ley 27.566 sobre acceso a la información ambiental durante la audiencia pública; cuestionamientos a la cláusula que habilita la cesión del contrato; objeciones a la redacción de la cláusula anticorrupción; restricciones para impugnar etapas del proceso y limitaciones a la participación de oferentes bajo modalidad UTE.
Además, el organismo advirtió sobre una posible distorsión en el sistema de evaluación de las ofertas técnicas y económicas, así como la falta de fundamentos respecto de las deudas pendientes con acreedores actuales de la Hidrovía.




















