03 Enero 2010
BUENOS AIRES.- Amado Boudou hizo las cuentas y llegó a la conclusión de que si no se echaba mano de las reservas, la Argentina podría dar una señal negativa a los mercados en medio de la reapertura del canje de deuda e incumplir vencimientos inminentes. El informe cayó como balde de agua fría en el matrimonio K, en especial en Néstor, obsesionado con la caja.
Cuando Raúl Alfonsín asumió, tras la dictadura, se encontró con un Banco Central saqueado, en cuyo Tesoro, dicen, había sólo U$S 600 millones, lo cual marcó la debilidad económica de su gobierno.
Las reservas fueron una obsesión también para Carlos Menem, cuyo ministro estrella, Domingo Cavallo, siempre las publicitó como garantía de la convertibilidad, hasta que la gente se enteró de que eran papel pintado, porque el Estado se había apropiado de depósitos de los bancos a cambio de títulos que luego nunca pagó.
Tal vez por estos antecedentes que llevaron al país a la ruina, robustecer las reservas fue una manía del kirchnerismo, a punto que se mantienen en un nivel aceptable aún tras el trascendental pago cash al FMI, y cerraron 2009 en U$S 48.000 millones. Pero el escenario para 2010 aparece complicado, porque en medio de la fenomenal crisis financiera internacional, la Rosada cometió el desliz de expandir demasiado el gasto público para financiar una campaña electoral que, encima, le resultó esquiva. En el primer semestre del año el ritmo de crecimiento de los gastos duplicó al de los ingresos, y el fenómeno sólo se desaceleró en los últimos meses de 2009, cuando el daño ya estaba hecho. Esto, en un contexto de menor ingreso tributario y de alta inflación, melló las cuentas públicas y derivó en la reaparición del tan temido déficit fiscal -en la Nación y en casi todas las provincias-, un término que los argentinos no escuchaban desde el 2002. Ante este cuadro de situación, la Presidenta decidió apuntarle a las reservas del BCRA: comprometió el uso de al menos U$S 6.570 millones para pagar vencimientos de deuda con bonistas y organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.
La medida, duramente cuestionada por la oposición, amaga debilitar un modelo económico basado apenas en el dólar alto y en retenciones al campo por las nubes, con fuerte traslado de recursos desde el sector agropecuario para financiar y proteger a sectores sensibles de la industria, con dificultades para competir con importaciones de China y de otros países.
La película de las reservas todavía no está concluida, porque el titular del BCRA, Martín Redrado, se sentiría más cómodo si a esa decisión la tomara el Congreso, y no un débil decreto, mientras que la Corte aceptó intervenir en un reclamo de San Luis para impedir usarlas.
En su afán por quedarse con la mayor cantidad de recursos posible, el gobierno de Cristina decidió estatizar el régimen de AFJP, que tenía atesorados fondos por unos $ 100.000 millones y que le garantizan al Estado ingresos extra por $ 13.000 millones anuales, que son plata de los futuros jubilados y la Rosada no debería olvidarlo. A este raid estilo pac-man se sumó una reforma en el Presupuesto de 2009 que le permite al PEN usar hasta un 30% de los depósitos de los organismos oficiales en el Banco Nación, para amortizar deudas o gastos de capital ($ 9.000 millones). A ello se les agregan los U$S 2.500 millones en DEG del FMI y los $ 5.250 millones del llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. La voracidad por obtener platita no se detiene por nada: la propia obra social de los jubilados, el PAMI, la mayor del país, debió ceder sobre fines de 2009 $ 700 millones al Estado a cambio de una Letra, en la última semana del año.
Cuando Raúl Alfonsín asumió, tras la dictadura, se encontró con un Banco Central saqueado, en cuyo Tesoro, dicen, había sólo U$S 600 millones, lo cual marcó la debilidad económica de su gobierno.
Las reservas fueron una obsesión también para Carlos Menem, cuyo ministro estrella, Domingo Cavallo, siempre las publicitó como garantía de la convertibilidad, hasta que la gente se enteró de que eran papel pintado, porque el Estado se había apropiado de depósitos de los bancos a cambio de títulos que luego nunca pagó.
Tal vez por estos antecedentes que llevaron al país a la ruina, robustecer las reservas fue una manía del kirchnerismo, a punto que se mantienen en un nivel aceptable aún tras el trascendental pago cash al FMI, y cerraron 2009 en U$S 48.000 millones. Pero el escenario para 2010 aparece complicado, porque en medio de la fenomenal crisis financiera internacional, la Rosada cometió el desliz de expandir demasiado el gasto público para financiar una campaña electoral que, encima, le resultó esquiva. En el primer semestre del año el ritmo de crecimiento de los gastos duplicó al de los ingresos, y el fenómeno sólo se desaceleró en los últimos meses de 2009, cuando el daño ya estaba hecho. Esto, en un contexto de menor ingreso tributario y de alta inflación, melló las cuentas públicas y derivó en la reaparición del tan temido déficit fiscal -en la Nación y en casi todas las provincias-, un término que los argentinos no escuchaban desde el 2002. Ante este cuadro de situación, la Presidenta decidió apuntarle a las reservas del BCRA: comprometió el uso de al menos U$S 6.570 millones para pagar vencimientos de deuda con bonistas y organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.
La medida, duramente cuestionada por la oposición, amaga debilitar un modelo económico basado apenas en el dólar alto y en retenciones al campo por las nubes, con fuerte traslado de recursos desde el sector agropecuario para financiar y proteger a sectores sensibles de la industria, con dificultades para competir con importaciones de China y de otros países.
La película de las reservas todavía no está concluida, porque el titular del BCRA, Martín Redrado, se sentiría más cómodo si a esa decisión la tomara el Congreso, y no un débil decreto, mientras que la Corte aceptó intervenir en un reclamo de San Luis para impedir usarlas.
En su afán por quedarse con la mayor cantidad de recursos posible, el gobierno de Cristina decidió estatizar el régimen de AFJP, que tenía atesorados fondos por unos $ 100.000 millones y que le garantizan al Estado ingresos extra por $ 13.000 millones anuales, que son plata de los futuros jubilados y la Rosada no debería olvidarlo. A este raid estilo pac-man se sumó una reforma en el Presupuesto de 2009 que le permite al PEN usar hasta un 30% de los depósitos de los organismos oficiales en el Banco Nación, para amortizar deudas o gastos de capital ($ 9.000 millones). A ello se les agregan los U$S 2.500 millones en DEG del FMI y los $ 5.250 millones del llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. La voracidad por obtener platita no se detiene por nada: la propia obra social de los jubilados, el PAMI, la mayor del país, debió ceder sobre fines de 2009 $ 700 millones al Estado a cambio de una Letra, en la última semana del año.
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