Caso Ciccone: un laberinto político y judicial del cual el vicepresidente no consigue escapar

La judicialización del conflicto

Por Gabriel Pereira - Consejero de Andhes

La investigación judicial en la que se menciona al Vicepresidente ha devenido en un escándalo mediático y en una desproporcionada catarata de denuncias penales entabladas por el propio Boudou y por figuras opositoras. Esto profundiza un fenómeno que es más frecuente, y preocupante, en la política nacional argentina: la judicialización de los conflictos políticos de poder. Desde hace varios años, este fenómeno nos muestra a actores políticos, incapaces de resolver sus disputas en arenas "típicamente" políticas, como el Congreso, los partidos políticos u otros ámbitos de negociación, que trasladan esas discrepancias de poder a la arena judicial.

No se puede negar la dimensión política de la función judicial, ya que en la judicatura se deciden a diario temas de gran relevancia para la sociedad en su conjunto, anulando, reformulando, corrigiendo o exigiendo la realización de políticas públicas. Por ejemplo, en diferentes decisiones que afianzan la protección de derechos fundamentales, nuestra Corte Suprema ha instado la reforma de políticas carcelarias provinciales en los últimos años. Este tipo de intervención judicial en el ámbito político, que no es negativa en términos institucionales, se diferencia de otra forma de intervención judicial en la esfera política, donde el proceso judicial es usado para resolver los conflictos de poderes entre actores políticos y económicos. Aquí el proceso judicial ya no se usa para buscar soluciones que beneficien al colectivo, sino más bien para beneficiar políticamente a alguno de los sectores involucrados en una batalla de poder.

Es casi imposible asegurar que quienes realizaron denuncias judiciales como así también están a cargo de desarrollarlas, no se muevan persiguiendo un fin loable, que en este caso seria determinar si altos funcionarios públicos cometieron, o no, ilícitos en ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, las propias declaraciones públicas de varios de los actores implicados como así también la cobertura mediática, tanto opositora como oficialista, nos permiten especular que más allá de las denuncias formales de corrupción, las actuaciones se han usado como estrategias en una lucha de poder entre diferentes sectores de la política, la economía y los medios. Si esta especulación se confirma, otra vez el poder judicial se convierte en rehén de una disputa que no debería plantearse en este ámbito.

Este tipo de judicialización de conflictos de poder político tiene un efecto negativo para la propia autoridad del poder judicial frente a la ciudadanía. Ya que cuando ocurre, el poder judicial se ve expuesto a dinámicas que son propias de la conducta política partidaria o de grupo de intereses. Por ejemplo, los jueces y fiscales se encuentran expuestos de manera mediática; sus conductas y decisiones son rápidamente enmarcadas en la lógica binaria de "amigo-enemigo" de un sector involucrado; reciben presiones, algunas ilegales y otras inapropiadas en el contexto de un proceso judicial; sus acciones y decisiones son tergiversadas en términos políticos, entre otras derivaciones.

Asimismo, la estructura del poder judicial opera como un incentivo para favoritismos ilegítimos en este tipo de casos. Por ejemplo, los jueces no están sujetos a ningún tipo de mecanismo de rendición de cuentas por lo que podrían decidir en favor o en contra de una parte sin tener que dar explicaciones publicas de sus actos. El proceso judicial también se encarrila a través de un lenguaje técnico oscuro que permite el camuflaje de decisiones parciales por medio de tecnicismos legales.

Finalmente, y lo que es peor para la autoridad de la Justicia, en contextos de judicialización de los conflictos políticos, cualquier decisión corre el riesgo de ser considerada por la sociedad, o por parte de ella, como ilegítima dado que se la entiende como una resolución parcial en favor de una u otra parte.

Es importante para nuestra sociedad que funcionarios públicos sean investigados y que también promuevan investigaciones a los fines de echar luz a favor de la legalidad de las funciones. Lo que se critica aquí es cuando esas denuncias ocultan motivaciones meramente originadas en la lucha de poder político, ya que seguramente el devenir de las mismas estará marcado por dinámicas ajenas al poder judicial. La política se equivoca cuando quiere que sea ella la que resuelva esas batallas. No está preparada para ello ni debería asumir ese rol. Además, de asumirlo, fracasaría en cualquier intento, y en el corto plazo la autoridad de las instituciones sería la que pierda frente a la opinión pública.