20 Abril 2012
RESPONSABLES. El fiscal Delgado habla de desvío de fondos públicos. NA
BUENOS AIRES.- El fiscal federal Federico Delgado acusó ayer a las 30 personas citadas a indagatoria por la tragedia de Once de los delitos de "estrago culposo" y "peculado" por la malversación de caudales públicos por los subsidios del Estado que habrían sido "sustraídos del fin originalmente previsto".
Entre las 30 personas convocadas, que deberán responder sobre esos delitos, están los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, además de los titulares de la empresa TBA, Sergio Claudio y Roque Cirigliano, y el maquinista, Marcos Córdoba. También al titular de la CNRT, Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero, al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y a otros funcionarios, empresarios y empleados de TBA y del Ferrocarril Sarmiento que deberán presentarse entre el 7 de mayo y el 11 de junio próximos.
El fiscal señala que una gran cantidad dinero público no llegó a su destino. "Son subsidios que no se corresponden con el pobre servicio de ferrocarril. Esto quiere decir que los fondos no se aplicaron al fin previsto. Es verdad que no sabemos con precisión dónde fueron a parar. Pero, sabemos donde no fueron a parar", apuntó Delgado. Este delito se castiga con "reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación perpetua del funcionario. (NA)
Entre las 30 personas convocadas, que deberán responder sobre esos delitos, están los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, además de los titulares de la empresa TBA, Sergio Claudio y Roque Cirigliano, y el maquinista, Marcos Córdoba. También al titular de la CNRT, Antonio Sicaro, y su antecesor Pedro Ochoa Romero, al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y a otros funcionarios, empresarios y empleados de TBA y del Ferrocarril Sarmiento que deberán presentarse entre el 7 de mayo y el 11 de junio próximos.
El fiscal señala que una gran cantidad dinero público no llegó a su destino. "Son subsidios que no se corresponden con el pobre servicio de ferrocarril. Esto quiere decir que los fondos no se aplicaron al fin previsto. Es verdad que no sabemos con precisión dónde fueron a parar. Pero, sabemos donde no fueron a parar", apuntó Delgado. Este delito se castiga con "reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación perpetua del funcionario. (NA)
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