09 Diciembre 2012
La Corte recibe un planteo contra Cortalezzi
Un dirigente bancario pide que anule la designación del interventor de la Caja Popular, pues tendría 11 denuncias penales en su contra. La sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para entender en la causa. Otro planteo, por los Fondos de Garantía, llega al alto tribunal.
MOMENTO TENSO. En noviembre, La Bancaria entró a la CPA. Detrás de Bourlé (mano alzada) aparece Cortalezzi. PRENSA LA BANCARIA
Armando Roque Cortalezzi llegó a la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA) con el rótulo de "hombre duro". En el mundo político, incluso, se dice que el gobernador, José Alperovich, decidió designarlo interventor del ente crediticio para que se hiciera cargo del tenso enfrentamiento con la Asociación Bancaria. Pero esas versiones, si llegaran a ser ciertas, podrían llegar a costarle el cargo a "Cacho".
El dirigente bancario Eduardo Bourlé formuló un planteo ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanello, para pedir la nulidad del nombramiento de Cortalezzi. El sindicalista cuestionó la supuesta transgresión a la ley Nº 5.473, "que prohibe el ingreso a la administración pública a quienes tengan procesos pendientes que puedan dar lugar a una condena por delitos dolosos".
Los magistrados se declararon incompetentes para entender en la causa, y resolvieron enviarle el expediente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El alto tribunal, además, analizará otro planteo realizado por Bourlé, quien reclama la devolución íntegra de los más de $ 170 millones que tomó el PE del Fondo de Garantías de la CPA, a cambio de Letras de la Provincia.
Cortalezzi fue reelecto legislador en 2012, y lo ungieron vicepresidente primero de la Cámara. El 22 de octubre a la mañana pidió licencia en el parlamento, por orden de Alperovich, y cerca del mediodía juró como interventor.
Con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, Bourlé planteó ante la Justicia que Cortalezzi no debería haber sido nombrado jefe de la CPA.
El primer argumento del bancario se sostiene en la ley provincial Nº 5.115, "que prohibe que los miembros del Poder Legislativo integren el directorio de la CPA".
El segundo elemento que sustenta este reclamo se basa en los supuestos antecedentes de "Cacho". "El legislador Cortalezzi registraría 11 denuncias penales en su contra", menciona la resolución de Novillo y Giovanello, y cita los números de todos aquellos expedientes judiciales. Según pudo averiguar LA GACETA, cinco de ellos estarían archivados. Los seis restantes, siempre según fuentes judiciales, serían por presuntos delitos que van desde amenazas de muerte con arma de fuego, pasando por lesiones, hasta daño intencional. Ninguna de estas causas llegaría a juicio pronto.
Los magistrados entienden que la designación de Cortalezzi "dista de ser un simple acto administrativo". "Por la implicancia institucional y política -de grado inusual- que implica esta intervención del PE -de grado discrecional-, entendemos aquí configurado un caso de excepción", resolvieron Novillo y Giovanello. Y decidieron remitir el expediente a la CSJT.
Algo similar decidieron Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, sobre un planteo de inconstitucionalidad de la ley que habilitó el cambio del Fondo de Garantías de la CPA por Letras. Este tema también pasó al alto tribunal.
LA GACETA intentó comunicarse con Cortalezzi para consultar su postura sobre ambos trámites judiciales, pero el dirigente alperovichista no atendió el teléfono.
El dirigente bancario Eduardo Bourlé formuló un planteo ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanello, para pedir la nulidad del nombramiento de Cortalezzi. El sindicalista cuestionó la supuesta transgresión a la ley Nº 5.473, "que prohibe el ingreso a la administración pública a quienes tengan procesos pendientes que puedan dar lugar a una condena por delitos dolosos".
Los magistrados se declararon incompetentes para entender en la causa, y resolvieron enviarle el expediente a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El alto tribunal, además, analizará otro planteo realizado por Bourlé, quien reclama la devolución íntegra de los más de $ 170 millones que tomó el PE del Fondo de Garantías de la CPA, a cambio de Letras de la Provincia.
Cortalezzi fue reelecto legislador en 2012, y lo ungieron vicepresidente primero de la Cámara. El 22 de octubre a la mañana pidió licencia en el parlamento, por orden de Alperovich, y cerca del mediodía juró como interventor.
Con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, Bourlé planteó ante la Justicia que Cortalezzi no debería haber sido nombrado jefe de la CPA.
El primer argumento del bancario se sostiene en la ley provincial Nº 5.115, "que prohibe que los miembros del Poder Legislativo integren el directorio de la CPA".
El segundo elemento que sustenta este reclamo se basa en los supuestos antecedentes de "Cacho". "El legislador Cortalezzi registraría 11 denuncias penales en su contra", menciona la resolución de Novillo y Giovanello, y cita los números de todos aquellos expedientes judiciales. Según pudo averiguar LA GACETA, cinco de ellos estarían archivados. Los seis restantes, siempre según fuentes judiciales, serían por presuntos delitos que van desde amenazas de muerte con arma de fuego, pasando por lesiones, hasta daño intencional. Ninguna de estas causas llegaría a juicio pronto.
Los magistrados entienden que la designación de Cortalezzi "dista de ser un simple acto administrativo". "Por la implicancia institucional y política -de grado inusual- que implica esta intervención del PE -de grado discrecional-, entendemos aquí configurado un caso de excepción", resolvieron Novillo y Giovanello. Y decidieron remitir el expediente a la CSJT.
Algo similar decidieron Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, sobre un planteo de inconstitucionalidad de la ley que habilitó el cambio del Fondo de Garantías de la CPA por Letras. Este tema también pasó al alto tribunal.
LA GACETA intentó comunicarse con Cortalezzi para consultar su postura sobre ambos trámites judiciales, pero el dirigente alperovichista no atendió el teléfono.
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