04 Enero 2013
El PRO tucumano pretende que la Justicia impida cuanto antes que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) contrate obras en forma directa por $ 76,5 millones. Ocurre que la Ley 8.541 -aprobada en noviembre- habilitó al organismo que encabeza Gustavo Durán a que se efectúen trabajos de mejoras de viviendas sin llamar a licitación. El presidente del partido, Alberto Colombres Garmendia, y el apoderado Arturo Forenza (h) habían planteado la inconstitucionalidad y una cautelar para que la entidad se abstenga de utilizar la norma. Ayer, Colombres presentó un escrito ante la Corte Suprema (CSJT) solicitando que se declare asunto de feria la medida solicitada. Los macristas habían sustentado su queja ante la CSJT (se declaró incompetente y remitió el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo) en el artículo 12 de la Constitución Provincial. "Toda enajenación de bienes fiscales y cualquier otro contrato susceptible de licitación deberá hacerse precisamente en esta forma, salvo el caso en que la Legislatura o la Municipalidad resolviesen lo contrario por razones especiales reclamadas por el bien público", condiciona el texto.
Lo más popular
