06 Enero 2013
La pelea entre el Poder Ejecutivo (PE) y La Bancaria tampoco se tomó vacaciones. El secretario general del gremio, Eduardo Bourlé, presentó una denuncia en contra del interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Armando "Cacho" Cortalezzi por presunta malversación de fondos públicos.
En los fundamentos de la demanda, el abogado Gustavo Morales, que representa al gremio de los bancarios, argumenta que el convenio firmado el miércoles entre Cortalezzi y el subsecretario de Hacienda, Rolando Steimberg, en representación del PE, es ilegal. El acuerdo al que se refiere el denunciante habilitó a la CPA a canjear el capital de su Fondo de Garantías de Seguros - unos $172 millones - por Letras de Tesorería del Estado. Esta operación financiera es la misma que utilizó el PE en octubre del año pasado y que causó un duro enfrentamiento entre los gremialistas y el Gobierno.
Los fundamentos que esgrime Morales apuntan a que Cortalezzi utilizó los fondos de la CPA para un fin diferente al que están destinados, según la normativa interna de la institución. A su vez, detalla que es "insuficiente e ilegal la nota del superintendente de Seguros de la Nación, Juan Antonio Bontempo, fechada el 26 de septiembre de 2012". El documento al que refiere el letrado es una autorización que fue firmada por Bontempo en la que se autorizaba al PE a tomar los fondos de la CPA. Sin esta habilitación, el alperovichismo no podría haber avanzando en la Ley que habilitó al ex interventor, Eduardo El Éter, a ceder el capital a la gestión del gobernador José Alperovich.
Sin embargo, la habilitación otorgada por Bontempo fue cuestionada por el senador nacional José Cano que junto con el diputado nacional Manuel Garrido, ambos de la UCR, denunciaron al superintendente ante la Justicia Federal por haber autorizado la operativa. Según esa demanda, en este canje de garantías se puede afectar sólo un 20% del capital que posee la entidad crediticia y no, como se hizo en el intercambio con la CPA, por el total de los fondos. En el planteo que presentó Morales, también se sostiene que las leyes provinciales Nº 8542 y la Nº 8552 (normas que habilitaron el convenio y la llegada de Cortalezzi al directorio de la Caja) se encuentran "descalificadas por inconstitucionales ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán", y que, en ese alto tribunal provincial, se encuentra presentado una "medida cautelar innovativa y de nulidad de acto administrativo, por la manifiestamente ilegal designación como interventor de la CPA del legislador - todavía en ejercicio - Armando Roque Cortalezzi", dice la demanda.
El escrito fue presentado ante la Fiscal de Instrucción de Feria, designación que este año recayó en la fiscala Adriana Giannoni. Sin embargo, Morales solicitó que se la aparte del caso al considerar que no brindaría las garantías necesarias para el avance de la pesquisa judicial. "Se solicita el inmediato apartamiento de la fiscala de Instrucción de Feria, habida cuenta la amistada manifiesta que tiene con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, quién operó para su designación en tal función", se argumenta en el texto de la denuncia.
Por último, Morales solicita a la Justicia que se cite a declarar a Cortalezzi para que explique los motivos por los que firmó este nuevo convenio que le otorga unos $ 172 millones extras al PE.
En los fundamentos de la demanda, el abogado Gustavo Morales, que representa al gremio de los bancarios, argumenta que el convenio firmado el miércoles entre Cortalezzi y el subsecretario de Hacienda, Rolando Steimberg, en representación del PE, es ilegal. El acuerdo al que se refiere el denunciante habilitó a la CPA a canjear el capital de su Fondo de Garantías de Seguros - unos $172 millones - por Letras de Tesorería del Estado. Esta operación financiera es la misma que utilizó el PE en octubre del año pasado y que causó un duro enfrentamiento entre los gremialistas y el Gobierno.
Los fundamentos que esgrime Morales apuntan a que Cortalezzi utilizó los fondos de la CPA para un fin diferente al que están destinados, según la normativa interna de la institución. A su vez, detalla que es "insuficiente e ilegal la nota del superintendente de Seguros de la Nación, Juan Antonio Bontempo, fechada el 26 de septiembre de 2012". El documento al que refiere el letrado es una autorización que fue firmada por Bontempo en la que se autorizaba al PE a tomar los fondos de la CPA. Sin esta habilitación, el alperovichismo no podría haber avanzando en la Ley que habilitó al ex interventor, Eduardo El Éter, a ceder el capital a la gestión del gobernador José Alperovich.
Sin embargo, la habilitación otorgada por Bontempo fue cuestionada por el senador nacional José Cano que junto con el diputado nacional Manuel Garrido, ambos de la UCR, denunciaron al superintendente ante la Justicia Federal por haber autorizado la operativa. Según esa demanda, en este canje de garantías se puede afectar sólo un 20% del capital que posee la entidad crediticia y no, como se hizo en el intercambio con la CPA, por el total de los fondos. En el planteo que presentó Morales, también se sostiene que las leyes provinciales Nº 8542 y la Nº 8552 (normas que habilitaron el convenio y la llegada de Cortalezzi al directorio de la Caja) se encuentran "descalificadas por inconstitucionales ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán", y que, en ese alto tribunal provincial, se encuentra presentado una "medida cautelar innovativa y de nulidad de acto administrativo, por la manifiestamente ilegal designación como interventor de la CPA del legislador - todavía en ejercicio - Armando Roque Cortalezzi", dice la demanda.
El escrito fue presentado ante la Fiscal de Instrucción de Feria, designación que este año recayó en la fiscala Adriana Giannoni. Sin embargo, Morales solicitó que se la aparte del caso al considerar que no brindaría las garantías necesarias para el avance de la pesquisa judicial. "Se solicita el inmediato apartamiento de la fiscala de Instrucción de Feria, habida cuenta la amistada manifiesta que tiene con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, quién operó para su designación en tal función", se argumenta en el texto de la denuncia.
Por último, Morales solicita a la Justicia que se cite a declarar a Cortalezzi para que explique los motivos por los que firmó este nuevo convenio que le otorga unos $ 172 millones extras al PE.
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